El Tribunal Supremo ha ratificado la orden del Ministerio de Medio Ambiente de julio de 2007, a través de la Dirección General de Costas, por la que se amplió el deslinde marítimo costero de todo el frente litoral de El Puerto de Tazacorte hasta los 100 metros (antes se situaba en 20 metros), lo que impide el desarrollo urbanístico previsto por el Ayuntamiento bagañete en una zona que el planeamiento local sitúa como espacio turístico-residencial, conocida como Los Tarajales, que actualmente es la causa de otro proceso judicial por la presencia de un edificio construido en un suelo que el mismo tribunal calificó como no urbano en una sentencia firme.

La decisión fue adelantada ayer a EL DÍA por los dos grupos de la oposición en el Consistorio de Tazacorte, el PSC y el CCN. Ambos tuvieron constancia del fallo por fuentes vinculadas al proceso, aunque el mismo, según aseguraron tanto el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, como el primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez, no se había comunicado aún (en la tarde de ayer) al grupo de gobierno de la corporación, que es la parte recurrente.

Con la decisión del Supremo se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Tazacorte hace más de un año en contra de la orden ministerial, a fin de corregir por la vía judicial una decisión que, según entienden los representantes de la corporación local, "lesiona los intereses del municipio porque echa por tierra el desarrollo aprobado por la corporación y ratificado por la Cotmac", ya que afecta directamente a todo un frente costero lineal de unos 4,5 kilómetros, desde el barranco de Las Angustias hasta la playa del Perdido.

El nuevo deslinde marítimo costero dejará sin efecto el planeamiento previsto, lo que impide el desarrollo de cualquier actuación urbanística en la zona afectada. De esta manera, se cae la última ofensiva judicial posible para el ayuntamiento, tras desestimarse un recurso previo presentado en su momento ante la Dirección General de Costas pidiendo la nulidad de la orden ministerial, por lo que no podrá ejecutar los planes previstos en este espacio litoral, mermando el futuro desarrollo turístico y residencial de Los Tarajales.

No se puede edificar.- El problema al que se enfrenta el municipio puede resultar más grave de lo esperado. No sólo tiene que ver con la situación urbanística de una parcela ya urbanizada y con un conflicto judicial en medio, como es la de Los Tarajales. Además, con esta decisión podría verse definitivamente anulado el desarrollo previsto en todo el núcleo de El Puerto.

Tal y como recoge la legislación, las parcelas o edificaciones incluidas en ese espacio de protección sólo admiten usos tradicionales, no se pueden edificar ni ampliar, y además, si la Administración lo considera necesario, podrían ser expropiadas por razones de interés general, tal y como parece que será el caso con algunas de las afectadas, vistos los planes del Ministerio en este tramo costero.

Pagar las costas.- Por otra parte, según aseguran desde la oposición en Tazacorte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo obliga al Ayuntamiento bagañete a pagar las costas del proceso judicial, al entender que "no ha habido buena fe en la intención de recurrir una orden ministerial que venía precedida por una sentencia firme del Supremo declarando no urbanas varias parcelas en la zona".