El Poder Judicial estudia el jueves el papel de los padres en el aborto

EUROPA PRESS, Madrid

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el próximo jueves, 23 de julio, el dictamen al anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que considera constitucional el texto y recomienda que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento.

El informe, preceptivo pero no vinculante y elaborado por la ponente Margarita Uría (PNV) recibió esta semana el visto bueno de la Comisión de Estudios e Informes, por tres votos a favor y dos en contra, y ahora debe recibir el refrendo del pleno. El dictamen recogerá probablemente los votos particulares de los consejeros que votaron en contra, Concepción Espejel y Claro José Fernández.

En todo caso el texto aprobado podría sufrir modificaciones o incluso ser rechazado. De hecho, esta semana se hablaba de la aportación decisiva del consejero de CiU, Ramón Camp, en caso de que se produjera un empate si los nueve vocales elegidos por el PP más el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, votan en contra del dictamen, y los nueve vocales propuestos por el PSOE más Uría, votan a favor.

Conocimiento parterno

Por el momento, el texto elevado al pleno entiende que la información a los padres contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de la patria potestad y tutela. "No obstante, circunstancias excepcionales debería poder fundamentar la no información en beneficio de la menor", recoge.

En cualquier caso, el CGPJ no considera necesario el consentimiento paterno cuando la menor de edad, sea mayor o menor de 16 años, tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma.

"De ese modo -continúa el dictamen- se produce una mejor acomodación con la sistemática general del ordenamiento civil, y se refuerza la garantía de madurez respecto de la mujer que ha de consentir".

En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera "adecuado" que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el IVE "siempre que así lo aconseje el interés de la menor". El informe considera constitucional el anteproyecto del Gobierno.