EFE, Madrid
La esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña podría ayudar a desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), pendiente en el Senado desde hace ya año y medio por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.
La sentencia sigue bloqueada en el Constitucional, donde cada vez parece más difícil que la resolución sobre el Estatut pueda conocerse antes de septiembre, pese a que la intención era hacerla pública en julio.
De momento no se ha logrado el consenso suficiente sobre el tercer borrador de la sentencia que tienen sobre la mesa los magistrados y que, según fuentes jurídicas, se ha intentado recortar para que no supere los 800 folios.
El próximo martes 23 de julio vuelve a reunirse el Pleno del TC y será una nueva oportunidad para solucionar las discrepancias sobre algunos de los asuntos más espinosos que han impedido hasta ahora la aprobación de la sentencia.
La decisión sobre la constitucionalidad del Estatut es uno de los escollos que entorpecen que los dos partidos mayoritarios puedan llegar al acuerdo al que se comprometieron, hace ahora un año.
Así lo entienden en el Senado, donde la renovación de cuatro de los doce magistrados que componen el Alto Tribunal lleva bloqueada desde que finalizaran su mandato, el 17 de diciembre de 2007.
A estos cuatro miembros designados por la Cámara Alta -la presidenta del TC, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata- se suma la vacante dejada por el fallecimiento, hace más de un año, de Roberto García Calvo, cuya renovación corresponde al Congreso.
El presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, esperará a que haya un acuerdo entre el PSOE y el PP para convocar la comisión de nombramientos del Senado, ante la que comparecerán los 23 candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos para proceder a su ratificación.
Rojo emplazó el 31 de julio de 2008, a los parlamentos autonómicos a que designaran sus candidatos y estos dispusieron de tres meses para enviar sus propuestas.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular eligieron dos únicos candidatos: el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López y el ex presidente de este órgano y del Tribunal Supremo Francisco José Hernando, que no son vistos con buenos ojos por el PSOE
Un eventual acuerdo que desbloqueara el proceso podría pasar por la renuncia de uno de estos dos candidatos a la reelección, para que las comunidades tuvieran una nueva oportunidad de designar a su sustituto.
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