Financiación regional, insular y municipal

EL REPARTO de los fondos públicos para garantizar la financiación regional, insular y municipal ha centrado la actualidad de la semana, en la que se han sucedido las informaciones sobre los acuerdos y las negociaciones realizadas desde todas las administraciones con el fin de contar con los recursos necesarios para poder responder a las necesidades y demandas ciudadanas.

La crisis económica y financiera internacional vuelve a ser la protagonista, pues obliga a optimizar las fórmulas que se aplican para asegurar el mantenimiento de servicios básicos y la actividad productiva no sólo durante la mitad de año que resta, sino también durante 2010, que se presenta como un ejercicio igual o más difícil que el presente.

Sin ánimo de ser alarmistas, pues haciendo las cosas bien hay margen para la recuperación, ya lo advertían los cabildos tras la última reunión de la Federación de Islas, celebrada el pasado día 11 en El Hierro: las corporaciones locales se quedarán sin ingresos en 2010, como consecuencia de la importante caída de la recaudación del Régimen Económico y Fiscal (REF) que se ha vuelto a constatar este año.

Las cifras sólo han alcanzado el 39 por ciento de lo previsto para el primer semestre, y eso hará que las instituciones insulares y también muchos ayuntamientos entren en ahorro neto negativo, por lo que se verán obligados a elaborar planes de saneamiento. Habrá escaso margen para pedir créditos y la inversión pública será prácticamente nula. Es previsible, además, que haya dificultades para atender las obligaciones derivadas de los créditos existentes en la actualidad, y será prácticamente imposible cubrir los gastos derivados de compromisos plurianuales.

El panorama ha llevado a los cabildos a reclamar el Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE) correspondiente al año 2008. Y se ha reiterado también la necesidad de asegurar la cofinanciación de todos los planes sectoriales, a los que de igual forma se han referido por separado distintas instituciones insulares con motivo del Pacto Social por la Economía y el Empleo.

Un sí condicionado, entre otras medidas, al mantenimiento de estos programas sectoriales es la respuesta de muchas instituciones a la iniciativa regional, frente a la que se reclama, además, la correspondiente ficha financiera y un mínimo de 90 millones de euros para crear empleo, pues si bien es cierto que el Pacto es fundamental para hacer frente a la crisis económica actual, no es menos verdad que para poder actuar de manera eficaz es necesario incluir la elaboración y ejecución de un Plan Extraordinario de Apoyo al Trabajo, en el que participen los ayuntamientos y cabildos canarios, y que esté dotado con aproximadamente el 25 por ciento de los recursos que el Fondo de Inversión Local del Gobierno de Canarias para los Ayuntamientos.

El Estado no ha escatimado en esta línea de acción, pues no sólo se ha puesto en marcha este año un plan de cooperación con los ayuntamientos, dotado con 8.000 millones de euros, que ya ha demostrado su eficacia, sino que está comprometida también otra iniciativa similar, en esta ocasión con 5.000 millones de euros de inversión para repartir en 2010 entre todas las corporaciones españolas.

Es posible aludir, asimismo, a la nueva financiación autonómica diseñada por el Ejecutivo central, con una inversión adicional de 11.000 millones de euros para asegurar su puesta en marcha, y de los que Canarias recibirá 520 millones de euros -420 millones de euros correspondientes al nuevo modelo y otros 100 millones que el Archipiélago dejará de pagar por el ITE.

Sólo las comunidades autónomas gobernadas por el PP en mayoría absoluta no han dado su voto favorable a este modelo, y es que nos encontramos frente a una formación política a la que parece importarle más la oposición rotunda a todas las iniciativas del Gobierno de Zapatero que las ventajas que estas acciones supongan para la población. Se olvidan de que para salir airosos de la crisis es necesario trabajar de manera coordinada con el Estado; demandar y luchar para conseguir lo mejor para la comunidad, pero hacerlo desde la coherencia y la racionalidad, no desde la crispación.

Cuando crece el desempleo y las necesidades de los ciudadanos, sólo hay margen para el entendimiento entre las principales fuerzas políticas, obligadas, además, a desarrollar una labor seria y rigurosa, que vaya más allá de la mera declaración de intenciones; de ahí que hayan sido varias las voces que apuntan la necesidad de enriquecer la propuesta de Pacto Social del Gobierno canario. Pero, por encima de todo, debemos abandonar los enfrentamientos permanentes y ponernos todos manos a la obra, pues no cabe duda de que la unidad de esfuerzos hará posible la mejor financiación regional, insular y municipal con la que atender a los ciudadanos.

* Presidente del Cabildo de La Gomera