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G. MAESTRE, S/C de Tenerife
El informe de ejecución presupuestaria elaborado por la Intervención General del Gobierno de Canarias recoge que, a fecha 31 de diciembre de 2008, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda dejó pendiente de ejecución 42.202.883,51 euros. Sin embargo, si se excluyen las cuantías no gastadas de estas dos últimas áreas, esta cifra desciende hasta los 36.539.230 millones de euros correspondientes en exclusiva al área de Bienestar Social. Pese a que el grado de ejecución es alto, se sitúa en un 90,51%, sorprende que época de crisis no se gasta una cantidad de estas dimensiones.
Fuentes de la consejería aclaran que puede haber tendencia a equivocarse con estos datos, "porque que no se gaste, también es sinónimo de ahorro, y eso es algo que se ha hecho de manera muy clara en capítulos como gastos corrientes por indicación directa del presidente del Gobierno".
Por otro lado, 3.361.000 euros serían "ficticios", pues corresponderían a las estimaciones hechas por el Gobierno de Canarias sobre la aportación estatal en materia de dependencia. "Se presupuestaron 13.176.000 euros y finalmente sólo se recibieron 9.814.000", detallan.
Asimismo, estas mismas fuentes señalan que es frecuente que presupuestos consignados para obras luego no se ejecuten por diversos problemas, por lo que ese dinero queda sin gastar, y por último explican la falta de ejecución presupuestaria por parte de los cabildos en proyectos o inversiones de alto valor económico que aumentan este importe no ejecutado en el presupuesto de la consejería autonómica.
Es precisamente en este punto donde surgen las discrepancias, puesto que las cifras que tiene el gobierno no concuerdan con las corporaciones insulares.
Según los capítulos presupuestarios de la Consejería de Bienestar Social, entro otras cosas, el Cabildo de Tenerife habría dejado de gastar 1,8 millones en el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD) y otros 2,4 correspondientes a capítulo 6 de proyectos de inversiones correspondientes al Plan de Mayores, lo que sumaría 4.200.000 euros.
Sin embargo, a la institución insular tinerfeña las cuentas no le cuadran y aseguran que del PAD quedaron sin gastar 816.000 más otros 552.000 euros del plan de mayores, lo que supondría 1.368.000 euros, estableciéndose una diferencia de 2.832.000 euros.
Según la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Tenerife, "se ha gastado hasta el último céntimo, de hecho nos hemos peleado para conseguir más fondos porque todas las demandas han aumentado mucho, y lo que no se ha ejecutado es, fundamentalmente, por los retrasos habido en la construcción de la unidad sociosanitaria del hospital de sur, ya que, por diversos problemas, no se ha podido certificar a tiempo".
En este sentido, apuntan a que "tal vez el Gobierno está contando como que se nos dieron los 669.000 euros de una anualidad que al final no se nos dieron, porque si no sabemos lo que se supone que no hemos gastado".
No obstante, lo más significativo es que aseguran que "todos los años nos pasa igual. Como nosotros trabajamos con unas denominaciones y ellos con otras, no nos ponemos de acuerdo, y eso causa errores, porque si nos dan un dinero para una cosa pero no sabemos para lo que es, puede haber confusión".
En este mismo sentido se pronuncia el consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, que asegura desconocer que el área que preside haya dejado de gastar 630.000 euros en el centro de día de enfermos mentales, ni que se hayan dejado intactos el millón trescientos mil euros del centro de día San José.
Sin embargo, se muestra contrario al modo de actuar de la consejería que dirige Inés Rojas e insiste en que "para la construcción de El Pino nos correspondían 2,8 millones de euros del presupuesto regional y no destinaron ni un euro, pero, aún así, ya lo hemos terminado gracias a un esfuerzo gigantesco por parte del Cabildo".
Asimismo, manifiesta su tristeza por el "actual sistema de atención social", y recuerda que "aunque el compromiso del Plan Sociosanitario de Canarias era mejorar la ratio de servicios, en la actualidad es del 1,67, pese a que la media nacional es del 3,77".
Y sentencia: "por más que los cabildos queramos aclarar este follón, el Gobierno no parece tener interés en solucionarlo, y al final somos nosotros los que estamos haciéndonos cargo de centros, servicios y recursos en los que el Gobierno debía tener una mayor participación. El bienestar no es una prioridad y eso lo están notando los ciudadanos".
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