Chapuza en la adjudicación de farmacias

SE ARMÓ el lío porque tenía que armarse. La concesión de licencias para el establecimiento de las llamadas "oficinas de farmacia", a las que les pega mejor denominarse ventas o tiendas o comercios de medicamentos que "oficinas", ha sido, desde muchos años atrás, un maramágnun siempre conflictivo, lleno de irregularidades, concesiones a dedo, por recomendación o por influencias, que han dado lugar a largos pleitos judiciales, hasta llegar casi siempre al Tribunal Supremo. Es raro el farmacéutico establecido que no ha tenido que pasar su expediente por varios juzgados antes de conseguir la apertura de su farmacia.

No es la primera vez que publico comentarios sobre el tema y he tenido que hacer frente a verdaderas polémicas, donde ciertos perjudicados o beneficiados han desenvainado las espadas de su lengua y su mala uva para atacar a mi modesta persona. Como curiosidad cito el caso de un querido amigo y paisano mío, prematuramente fallecido, destacado químico, que publicó en estas páginas interesantes trabajos sobre producciones industriales, quien me contaba que tenía en su casa un abultado archivo de documentos de tribunales de Justicia referentes a la concesión de una farmacia para su hija que, por fin, pudo conseguir en San Sebastián de la Gomera, que era su pueblo y es el mío. Tengo otro amigo cuya hija consiguió una farmacia, creo recordar, en La Matanza o en La Victoria, a la que arrebataron y obligaron a cerrar la "oficina", porque distaba unos metros menos, que los supuestamente exigidos, de otra farmacia regentada por una farmacéutica cercana a la edad de retiro, que formuló la denuncia. También este amigo luchó mucho tiempo en los juzgados para conseguir la reapertura de la botica. Y así muchos casos más.

Ahora resulta que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con facultades traspasadas del Ministerio correspondiente, convoca en el año 2001, después del cual ha llovido mucho, una especie de concurso para otorgar licencias de farmacia en la Comunidad Autónoma, y la chapuza fue de tales dimensiones, que ocho años después el Supremo ha anulado la concesión porque entre los beneficiados hay tres farmacéuticos no colegiados, uno que ya poseía farmacia y otros profesionales con especialización de análisis clínicos, óptica y otras, que deberían estar excluídos pero obtuvieron "oficina", que, naturalmente, tienen que cerrar y devolver las licencias por exigirlo así unas bases que, naturalmente, no se cumplieron. ¿Recomendaciones?, ¿mangas? ¿vista gorda? ¿irregularidades consentidas para favorecer a algunos y algunas, que fueron muchos? Entiendo que las responsabilidades y las culpas están, en este caso, tan a la vista como si quisieran ocultarse tras un cristal. Vamos a ver cómo se arreglan estos desaguisados, que ya han perjudicado a numerosas personas de barrios y lugares de la geografía archipielágica, palabreja, por cierto, que no sé si aún está de moda.