Financiación electoralista

EL DOMINGO 12, por la tarde, ocurrió un hecho singular en la política española: la vicepresidente económica del Gobierno, Elena Salgado, presentó el proyecto de financiación autonómica para lo próximos tres años. Lo singular eran tres circunstancias: que eso ocurrió en domingo; que el documento -un tocho de 76 folios- estaba fechado el propio domingo, y que no contenía ninguna expresión cifrada del resultado de los complejos cálculos para establecer el reparto de fondos públicos a las comunidades autónomas.

Lo ocurrido en los días posteriores se desarrolló a toda velocidad: el papel, que ya había obtenido el visto bueno del tripartito catalán tras una negociación bilateral con el Gobierno, se repartió a los otros catorce responsables autonómicos de régimen común y a los de las dos ciudades autónomas del Norte de África y, tres días después, se votó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hale, hop. En el entretanto, las calculadoras de los responsables económicos regionales echaron humo en el cálculo de cómo se traduciría el mecanismo para cada cual.

El famoso "sudoku" de la financiación autonómica quedó aparentemente resuelto gracias a un astuto truco: al reparto digamos automático de un total de 190.000 millones de euros se añaden otros 11.000 millones más, que son los que establecen las diferencias entre unas comunidades y otras. De este modo resulta que todos reciben más de lo que antes recibían, pero las distancias entre las comunidades con mayor capacidad de presión y las demás aumentan gracias al desigual reparto de esos fondos adicionales.

Se dice que un papel en blanco lo aguanta todo. Estamos en este caso: el papel establece un sistema de reparto complicado y abstruso que, al cuantificarlo, arroja un montón de cifras de muchos ceros. La cuestión, en la vida práctica, es cómo ese papel puede traducirse a la realidad en las presentes circunstancias. Y resulta que sólo hay tres caminos posibles: o bien obtener ese dinero mediante deuda (que otros pagarán en el futuro, porque eso se acaba pagando siempre; un caso más bien obsceno de "el que venga detrás, que arree"), o bien dando varias vueltas al torniquete de los impuestos hasta el mismo límite de la asfixia del contribuyente, o bien combinando ambas cosas. En cualquiera de las tres opciones, la crisis económica se habrá de agravar como consecuencia de la violenta desincentivación de la actividad económica, o sea, justo lo contrario de lo que todos los economistas con algo de sensatez recomiendan encarecidamente para salir de la crisis, que es precisamente fomentar la reactivación de la actividad.

La "catalanofobia"

En la votación del papel dominical, éste quedó aprobado sin votos en contra, lo que llenó de satisfacción al Gobierno y sus amigos. Las Comunidades gobernadas por el Partido Popular recibieron la orden de abstenerse. ¿Por qué? Ésta es una buena pregunta, como dicen los americanos cuando una pregunta no tiene respuesta. Así que, a falta de información solvente, queda legitimada la conjetura. El vicepresidente del Gobierno para asuntos autonómicos, Manuel Chaves, hizo unas declaraciones sumamente insensatas en las que acusó al PP de "catalanofobia" por sus duras críticas al sistema de financiación negociado por el Gobierno con el tripartito de Barcelona. La provocación de Chaves, además de constituir un riesgo cierto de tensar la convivencia entre españoles, tiene un componente electoralista demagógico que quizás asustó a Mariano Rajoy o a quien lo aconsejase; y así, es verosímil que diera la orden de abstenerse para neutralizar en lo posible un descalabro electoral del PP en Cataluña.

Otra posibilidad es que alguien se hubiera tomado en serio la amenaza sugerida por Salgado de interpretar que quienes votasen en contra renunciarían a entrar en el reparto de los 11.000 millones de euros adicionales. Esta hipótesis, de ser cierta, podría ser presagio de un batacazo electoral en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, y no sólo en Cataluña. Alguien podría pensar que la amenaza de Salgado no es creíble, pues eso significaría que España habría entrado de lleno en el fondo de la demagogia bananera y arbitraria. Pero, ¿y si estuviéramos en eso de verdad?

"Imputado provisional"

El Tribunal Supremo ha resuelto citar a declarar al senador y tesorero nacional del PP Luis Bárcenas en calidad de "imputado provisional". Como semejante categoría no existe en nuestro ordenamiento, cabe pensar que el instructor del "caso Gürtel" en lo tocante a Bárcenas quiso permitirle acudir a declarar acompañado de un abogado, ya que nuestras leyes establecen que si fuese como testigo, y no como imputado, tendría vedada la asistencia letrada en ese acto. En cuanto al curioso adjetivo "provisional", sería un invento para neutralizar en lo posible la evidente "pena de banquillo" que la sola palabra "imputado" lleva consigo.

Sea lo que fuere, a partir de ahora, por lo menos, tanto Bárcenas como Francisco Camps, presidente de la Comunidad valenciana, ya sabrán de primera mano -y no por los periódicos- de qué se les acusa y qué quiere saber el juez de ellos. Algo es algo. Sin embargo, ocurre que en política la prolongación de este calvario es catastrófica para el que se ve arrollado por esta dinámica.

Posdata

El esperpento de las dilaciones del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha tenido esta semana otro episodio: siempre según rumores, hemos pasado de pronosticar una sentencia de un día para otro a anunciar que la presidente del TC ha indicado a los magistrados que no se precipiten, y que si hay que esperar unas semanas, se espera. Es inevitable pensar en cuántas excusas hay que buscar para dar por bueno lo que no se tiene en pie.