CEOE sitúa la deuda "pública" con las empresas isleñas en casi 1.600 millones

JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.

Entre los 1.300 y los 1.600 millones de euros se sitúa la deuda que la Administración tiene contraída con las empresas canarias. Es el cálculo que hace la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) a partir de la estimación realizada por la patronal Cepyme a escala nacional, alrededor de 33.000 millones de euros, indica el secretario general de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso.

El dato se fundamenta en el peso del Archipiélago en el Producto Interior Bruto (PIB) del país, señala Alfonso, que puso de relieve, a preguntas de EL DÍA, que, "según la cifra real esté por encima o por debajo -de esa estimación-, se podría evaluar el mayor o menor peso de esta deuda en el tejido empresarial con respecto al resto del Estado".

Para el secretario general de la patronal provincial, "esta cantidad, de confirmarse, tendría una gran influencia en el desarrollo de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas (pymes), cuya financiación está muy mermada". Una manera "fácil" de agilizarla sería, precisamente, que las administraciones públicas abonaran esa deuda. "Contribuiría a dinamizar la economía sin un coste añadido", subrayó Alfonso.

Es una reclamación que la actual coyuntura económica ha acentuado y que ha motivado que el Congreso esté tramitando una proposición de ley para cambiar la normativa sobre morosidad en operaciones comerciales. Fijará, de aprobarse, un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas.

"No debería dilatarse más en el tiempo porque en estos momentos apuntalar la financiación es fundamental para mantener la viabilidad de las empresas y, por extensión, del empleo", apunta Alfonso, quien destaca que "no todos los retrasos se producen en la Administración por posibles faltas relacionadas con la liquidez o la rapidez en la gestión de tesorería; muchos de ellos se salvarían fácilmente con una mejor eficiencia en la gestión administrativa de todos los pasos antes de que el Tesoro prevea el pago", argumenta el responsable de la patronal.

Cepyme estima que más del 60% de las pymes que proveen a las administraciones -en el caso de las Islas, los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno autónomo- tiene un retraso de pago superior a tres meses, lo que en un contexto de contracción de los canales crediticios supone un lastre añadido, sobre todo para las del ámbito de la construcción, las grandes damnificadas por la crisis.

De hecho, la patronal del sector en la provincia tinerfeña Fepeco ha denunciado públicamente el incumplimiento de algunos ayuntamientos en los compromisos de pago adquiridos en el Fondo Estatal de Inversión Local, la principal medida adoptada por el Ejecutivo central para paliar la destrucción de empleo.

Sobre la modificación legislativa que está en proceso, cabe precisar que la normativa actual ya estipula que se pague en un máximo de dos meses, aunque en la práctica este límite se supera sistemáticamente. Es lo que los grupos parlamentarios llamaron en el debate inicial de la propuesta "cultura de la morosidad". En el texto, propuesto por Convergència i Unió y que permitiría ahorrar alrededor de 10.500 millones de euros, se elimina la posibilidad de que las partes implicadas pacten ampliar los plazos de cobro sin pagar intereses de compensación.

Observatorio permanente

La iniciativa también endurece las sanciones a los deudores e incrementa el tope (de 30.000 a 50.000 euros) fijado para que las empresas puedan solicitar el procedimiento monitorio, que simplifica la tramitación legal de las reclamaciones de deudas.

Con ello se responde a una demanda de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia tinerfeña. Su presidente, Ignacio González Martín, ha insistido, además, en que se cree un fondo estatal contra la morosidad "pública" que dé garantías de que se cobrará en un plazo límite de dos meses, algo "imprescindible" para sacar de la "vía muerta" actual a los sectores productivos de las Islas, en especial al de la construcción, ha dicho.

Con el objetivo de dar permanencia a la lucha contra la morosidad más allá del deterioro económico actual se ha puesto sobre la mesa la creación de un observatorio en el que participarán, aparte de las administraciones, los empresarios y los sindicatos.