Una ley tortuosa para Tenerife

AL FIN, esta semana hemos conocido y celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de reconocer como urbanos los núcleos del litoral de Agache. Esta sentencia se suma a las tres emitidas por la Audiencia Nacional que dan la razón al Ayuntamiento de Güímar en el pleito que mantiene con la Dirección General de Costas por demostrar que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente ya tenían la consideración de urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Sin duda alguna, una estupenda noticia para los muchos vecinos que vienen sufriendo esta situación desde abril de 2006, fecha en la que la Dirección General de Costas aumentó la servidumbre de 20 a 100 metros del litoral. Este hecho constituyó un motivo de gran preocupación para los afectados ya que sus casas estaban en peligro y vertía sobre ellas la amenaza de la demolición.

Estos vecinos han sufrido innecesariamente la falta de sensibilidad de los gobiernos socialistas, tal y como ha venido advirtiendo mi partido en todas las instituciones. Concretamente en el litoral de Agache, donde esta nueva norma de servidumbre era contraria al Plan General de Ordenación de Güímar, aprobado en 2005, a los continuos informes de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), y a los anteriores informes del que fuera director de Costas durante los gobiernos del Partido Popular.

Ahora, los continuos y favorables fallos de las sentencias dan la razón a los vecinos de Agache, a todas las formaciones políticas del municipio que siempre han defendido la calidad urbana del litoral, y al grupo de gobierno en el pasado mandato y presidido por la anterior alcaldesa del Partido Popular, Vicenta Díaz.

Permítanme que utilice esta plataforma para destacar la valentía de nuestra compañera Tita, siempre a favor de los güimareros, que inició los trámites a pesar de las rígidas directrices marcadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Un duro camino y una lucha que hoy se ven recompensados con varias sentencias sobre los derribos previstos, y la desestimación del recurso interpuesto por Costas.

Llevamos más de cuatro años en los que el PSOE ha aplicado la legislación vigente con gran severidad contra la costa de Tenerife, ya sea el litoral de Agache, Playa de la Viuda, Anaga, Playa de Lima o, tristemente, Cho Vito, y dónde la Dirección General de Costas no ha querido cesar esa interpretación, que ha consistido en un ensañamiento contra muchas familias tinerfeñas que tienen sus títulos consolidados antes de la entrada en vigor de la ley, que llevan más de 20 años pagando luz y agua, y muchos de ellos tienen un reconocimiento tanto de los Planes Generales como de las normas subsidiarias de sus respectivos ayuntamientos.

Ante esta aplicación arbitraria de la ley, el Partido Popular, junto a Coalición Canaria, presentó hace ya más de un año una proposición de ley en el Parlamento de Canarias en la que solicitábamos un cambio de la normativa sobre el territorio para la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral para conseguir paliar los efectos de esta perversa Ley de Costas, que no ha querido escuchar a los ayuntamientos cuando han intermediado para evitar las demoliciones.

Nuestra intención con esta propuesta no era apoyar la indisciplina urbanística, sino hacer hincapié de que en nuestra Isla hay elementos que merecen protección por su valor etnográfico, pintoresco y arquitectónico, porque forman parte de nuestra cultura y de nuestro sabor canario, y que no pueden ser eliminados por una norma interpretada de forma sesgada.

Resulta penoso que a partir de 2004 haya sido un canario, el director general de Costas, José Fernández, quien comenzó una interpretación tortuosa de la citada ley, negando no sólo al Gobierno de Canarias su facultad en la clasificación y catalogación del suelo, sino también a los ayuntamientos afectados, manteniendo los expedientes abiertos. Quiero recordar que cuando el PP gobernó se reconocieron los núcleos urbanos consolidados antes de esta norma, pero con las llegada de los socialistas se decide demoler todo aquello que sirve de cobijo a muchas familias y que constituyen actividades de comercio que mantienen puestos de trabajo.

También, la modificación de la ley de espacios naturales del Archipiélago, ratificada hace tres meses por el Parlamento canario, puede suponer una esperanza para los muchos núcleos del litoral que se sienten amenazados por esta Ley de Costas y que con estas actuaciones empiezan a ver la luz al final del túnel. Esperamos que así sea.

La Dirección General de Costas tiene que entender que la aplicación de esta norma es muy complicada en un Archipiélago. Además, el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere aparentar que está preocupado por el medio ambiente, aunque para ello acabe con nuestras tradiciones y con la particular relación que los tinerfeños siempre hemos tenido con el mar que nos rodea.

* Presidenta del PP de Tenerife