QuizÁs por el calor de este julio, presagio de vacaciones próximas, o porque el azar ha querido que así hayan rodado las cosas, el caso es que esta semana política ha sido bastante miscelánea, como si estuviéramos esperando algo grande que no acaba de llegar. Algunos hechos, sin embargo, han destacado y merecen, lamentablemente, atención, como ha ocurrido con el atentado de la ETA con explosivos en la sede socialista vizcaína de Durango. La banda no avisó esta vez a nadie de la colocación de la bomba, que produjo importantes daños materiales, y podría haber ocasionado una matanza de no ser por que un ciudadano alertó a la policía tras haber visto a un encapuchado que dejaba allí un paquete sospechoso.
El PNV se mueve
Las reacciones tras este atentado han sido, podríamos decir, las reglamentarias: rechazo general a la violencia, y afirmación solemne del lehendakari López de que a los terroristas sólo les espera la cárcel. Pero esta vez tiene interés lo dicho por el dirigente socialista vasco, porque no se trata de una obviedad, ya que tiempo reciente hemos vivido en que el PSOE abrió otros caminos de negociación con los asesinos, bien distintos del camino de la prisión.
Este episodio cobra especial interés, esta vez sí, de naturaleza política, porque en los mismos días se ha producido el primer intento de aproximación del PNV al PSOE después de las elecciones autonómicas que dieron el poder a los socialistas: los nacionalistas vascos parecían haber roto toda relación con López, pero como gracias al apoyo del PSOE conservan aún el poder sobre la Diputación de Álava, y en aquella Comunidad autónoma foral las Diputaciones son muy importantes porque controlan el dinero, la primera interpretación de este acercamiento en forma de propuesta de reunión "para hablar" ha sido que el PNV ha visto que la confrontación puede llevarle a la pérdida de este bastión de poder.
Como es natural, dada la historia oscilante de los socialistas en relación con los nacionalismos, con el País Vasco y con la propia ETA, han empezado a surgir las sospechas de que, si llegase el caso, Patxi López podría cambiar de aliado si el PNV le asegurase mantener su presidencia autonómica, y unirse a los nacionalistas en detrimento del Partido Popular. Conviene seguir de cerca estos movimientos, porque, por desgracia, la credibilidad de los socialistas está demasiado dañada como para inspirar tranquilidad.
Camps-Bárcenas
Por lo que respecta al Partido Popular, los procesos judiciales contra el presidente valenciano Francisco Camps y el tesorero nacional del partido siguen, pasito a pasito, deteriorando la imagen de Rajoy y los suyos. Aunque se trata de casos diferentes, ambos tienen el denominador común de que las acusaciones son de corrupción económica, y ambos provienen del llamado caso Gürtel, de favores a una empresa organizadora de eventos presuntamente hechos a cambio de recibir regalos. La entidad de las acusaciones, materialmente hablando, es menor en el caso de Camps, hasta el punto de que el instructor que trabaja en el caso sólo aprecia indicios de cohecho indirecto, castigado con mera pena de multa. Pero a estas alturas, desde el punto de vista político da lo mismo una gran corrupción o una pequeña corruptela: los socialistas y sus amigos mediáticos han mordido y no sueltan el bocado, de suerte que sólo el archivo de la causa devolvería la tranquilidad al PP, que entonces podría arremeter con toda razón contra los que habrían sometido a Camps y su partido a la llamada pena de banquillo, que están sufriendo antes de que el presidente valenciano sea inculpado de nada.
Lo de Luis Bárcenas tiene otros perfiles, porque Bárcenas podría haber dimitido ad cautelam de su cargo en el partido mientras se aclarase la situación, con objeto de no perjudicar la imagen colectiva, y eso no habría mermado en absoluto el poder popular obtenido en las urnas, al contrario de lo que habría ocurrido si Camps hubiese abandonado su cargo y creado así una crisis política en la Comunidad valenciana.
Lo notable de todo esto es que los propios imputados se van enterando de lo que ocurre por los periódicos que tienen acceso a las filtraciones de las actuaciones judiciales. Cuando ocurre algo así, hay buenos motivos para suponer que algo está muy mal en la normativa procesal y requiere una modificación importante; pues al mismo tiempo que se lesiona la buena fama de personas e instituciones, se está transmitiendo a los ciudadanos el mensaje de que aquí, según de quién se trate, no todos ven respetado su derecho a un juicio justo, lo que repercute gravemente en la imagen de la propia Justicia.
El G-8
José Luis Rodríguez Zapatero ha podido estar presente, por fin, en la reunión del llamado G-8, que agrupa a las que se supone ocho principales potencias económicas del mundo. Tras tres días de reunión en L´Aquila, capital de Los Abruzos, en Italia, la representante de CAFOD, entidad británica de Cáritas, ha resaltado que el comunicado final contiene: 85 "compromisos" introducidos, renovados o reafirmados; 70 afirmaciones de "apoyo"; 25 compromisos/promesas de "fortalecer" procesos existentes o instituciones; 21 declaraciones de que "continúan" o "continuarán" apoyando esfuerzos, etc.; 19 "reafirmaciones" de compromisos previos, promesas, etc.; 7 declaraciones que empiezan por "estamos decididos"; 6 promesas de "acelerar" procesos; 4 promesas de "reforzar" esfuerzos o programas; 4 declaraciones que empiezan por "intensificaremos"; 3 declaraciones diciendo que "nuestros esfuerzos" están siendo intensificados, reforzados, fortalecidos; 3 declaraciones que empiezan por "reconfirmamos". Y ninguna mención a cómo se va a controlar el cumplimiento de tan hermosas palabras.
¿Será verdad que Zapatero ha tenido verdadera influencia en esta reunión?
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