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M. GÓMEZ, S/C de Tenerife
Las crecientes exigencias de calidad de la educación han convertido los procedimientos de evaluación en un elemento nuclear del sistema. También Canarias, cuyas administraciones han recibido frecuentes críticas por su presunta resistencia a hacer públicos sus resultados, está involucrada en este proceso y en la actualización de los instrumentos que emplea para desarrollarlo.
Es el caso del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), que recientemente ha reformulado su estructura y funciones para, entre otros objetivos, favorecer la transparencia y adaptarse a los criterios establecidos en el Consejo Europeo de Lisboa. En el primer aspecto, la nueva regulación, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Canarias, incluye la obligación de informar de los resultados, no sólo a la sociedad en general, como hasta ahora, sino también a la Administración, los centros y las familias.
De esta manera -explica José Sarabia, director del ICEC-, "se facilita la modificación de la toma de decisiones y las políticas educativas. Informamos a más gente y más gente se entera de cuál es la situación".
Sarabia reconoce que la evaluación de la calidad siempre ha generado "una cierta resistencia. Parece que hay miedo a salir movidos en la foto". Sin embargo, aclara que existe interés por conocer los resultados de la educación. Como prueba, se remite al tratamiento dado por los medios de comunicación al informe PISA.
Esta difusión de los datos no tiene una finalidad "censora", aclara el director del Instituto. "Se trata de proporcionar información para mejorar", dice, y esos resultados deben trasladarse a la comunidad educativa, que José Sarabia define como "la cocina de esta vivienda", el lugar donde se cuecen los cambios y los futuros progresos.
Una segunda modificación de la estructura y cometidos del ICEC afecta al objeto de la evaluación, que ya no son los contenidos, sino las competencias básicas, las habilidades de los alumnos para poner en práctica los conocimientos adquiridos. "Se evaluarán dos competencias que, en realidad son tres: la lingüística, tanto del castellano como del ingles, y la matemática", detalla José Sarabia.
Además, los resultados irán acompañados por elementos que los explican. Así, se incluyen parámetros que miden los efectos de la situación socioeconómica, el nivel de estudios de los padres, el contexto familiar y el clima escolar, entre otras variables, que contribuyen a entender por qué los datos que se obtienen en Canarias son los que son.
Una tercera novedad tiene que ver con la incorporación de los centros concertados al consejo rector del Instituto. "Al afectar la evaluación a todos los centros sostenidos con fondos públicos, era una forma de implicarlos en la toma de decisiones", argumenta Sarabia.
Las nuevas pruebas se realizarán a todos los estudiantes de cuarto de Primaria y segundo de Secundaria, unos 40.000 chicos, y se desarrollarán entre finales de abril y comienzos de mayo del próximo año, para así compaginarlas con las que efectúa el Ministerio de Educación.
Hasta la entrada en funcionamiento de la LOE, la Administración educativa canaria venía realizando otro tipo de pruebas, que se desarrollaban en cien centros de las Islas.
A través de ellas, afirma el director del ICEC, Canarias detectó, "dos años antes de que lo dijera PISA", sus puntos débiles en comprensión lectora, pero también observó progresos en otras áreas -mejoras de alrededor de un 5%- en otros conocimientos. Esos datos, indica Sarabia, se tradujeron en recomendaciones para los centros.
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