EL DÍA, S/C de Tenerife
La Federación Canaria de Islas (Fecai), reunida ayer en El Hierro, advierte de que las corporaciones locales se quedarán sin ingresos en 2010, por lo que reclaman su parte del Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE) correspondiente al año 2008. Así lo anuncia el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que a partir de esta jornada asume también la Presidencia de la Fecai.
Curbelo subraya que es necesario garantizar la financiación de los servicios públicos, de ahí que en el encuentro celebrado ayer se hayan analizado los datos facilitados por la Viceconsejería de Economía, Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, y se hayan planteado dos soluciones a la difícil situación que se presenta. "Planteamos que es necesaria una distribución real del ITE y también que se revisen los recursos para mantener las competencias transferidas", precisa.
El titular insular explica que ha habido una importante caída de la recaudación del Régimen Económico y Fiscal (REF), pues las cifras sólo han alcanzado el 39 por ciento de lo previsto para el período comprendido enero y junio de este año. "Esto supone -continúa - una pérdida de ingresos tal que todos los Cabildos entraremos en ahorro neto negativo en 2010 y tendremos que elaborar planes de saneamiento".
Añade que otra consecuencia inmediata será el escaso margen para pedir créditos y la reducción de la inversión pública, que será nula. "Tendremos dificultades para atender las obligaciones derivadas de los créditos existentes en la actualidad y será prácticamente imposible atender los gastos derivados de compromisos plurianuales en aquellas corporaciones en la que los haya", añade.
"Por todo, hemos concluido en la conveniencia de emprender de manera inmediata una negociación sobre el ITE, que en 2008 ascendió a 335.641.000 de euros, de los que a las corporaciones locales le corresponderían un 58 por ciento, es decir, 187.885.269 euros, siendo el 42 por ciento restante para la Comunidad Autónoma", sentencia.
Los Cabildos insulares han reiterado la necesidad de asegurar la cofinanciación de todos los planes sectoriales y clarificar la participación de las corporaciones locales en la Ley Canaria de Función Pública.
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