Legislar mejor

HEMOS HABLADO de los pocos casos que ganan -pleiteando- los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Me gustaría ver la estadística de pleitos que le han sido encomendados y las victorias en los foros. Pero el ciudadano tiene la sensación de que lo pierden casi todo. Y es nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, el que está en juego.

Si nos vamos a las grandes estadísticas, desde luego que esa sensación se acrecienta (Parlamento, Tebeto, concurso de farmacias, moratoria), todas estas decisiones, y mucha más, han sido rebatidas por los tribunales. Parece como si en Canarias se legislara o se tomaran decisiones de gran calado a espaldas de los intereses de la colectividad. Y eso es grave. Y si luego estas decisiones se defienden mal, pues peor para todos. Llegará un momento en que será un chollo litigar contra el Gobierno y otras instituciones canarias. Como si no les doliera perder.

En unos momentos de crisis, cuando la población lo está pasando mal, sería bueno cuidar con más mimo, si cabe, los intereses públicos. Nuestra comunidad autónoma se ha empobrecido. Nuestras empresas caen, una detrás de otra. La recaudación de impuestos ha bajado alarmantemente. Canarias ya no es aquella autonomía envidia de muchas, en la que el turismo se había convertido en la gallina de los huevos de oro. Ahora el turismo está al garete, hemos bajado probablemente un 30% en el número de visitantes y estamos pagando las gracias del optimismo desmedido de otros tiempos.

En esta comunidad, además, se produce un exceso de leyes. Aún muchas veces se pregunta la prensa por qué se legisla tan poco. Pues no hacen falta más leyes, sino legislar para anular algunas que se contradicen y para perfeccionar normas que son rematadamente malas o que han quedado viejas de solemnidad. Cuantas menos normas se dejen al arbitrio de los tribunales, cuanto más doctrina se unifique, cuantas más leyes se concreten, mucho mejor para la seguridad jurídica en una tierra en donde casi nadie sabe qué hacer porque como alguien desde el sector público se mueva ya está vulnerando la ley.

Quizá con normas más seguras, más unificadas, más reducidas y más fáciles de cumplir los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias empezarán a ganar sus pleitos ante los ciudadanos que se consideran con derecho a defender sus intereses. Y los tribunales de justicia aplicarán mejor esa laberíntica maraña de leyes, algunas de las cuales se contradicen.

En fin, que no estamos contentos ni con nuestra inseguridad jurídica ni con la defensa paupérrima que se hace de los intereses públicos en los foros judiciales. Sólo nos convencerán de lo contrario con una estadística fiable.