TACHI IZQUIERDO, Tenerife
En la actualidad hay un total de 135 vecinos de la capital tinerfeña que cumplen sus sentencias por delitos y faltas con horas de servicio a la comunidad, que se desarrollan, fundamentalmente, en asociaciones de vecinos y organizaciones no gubernamentales.
Este dato, que contabiliza los fallos judiciales que se han producido hasta el pasado mes de junio, revela que un 85% de los ciudadanos conmutan sus penas por asuntos relacionados contra la seguridad del tráfico, mientras que 8% están vinculados con la violencia de género, quedando un 3% para otras infracciones.
Una amplia mayoría de las personas que son derivadas a prestar estos servicios son hombres, un 85%, mientras que las mujeres representan el 15% del total.
En cuanto a los colectivos que participan en este programa, que se coordina a través de los Servicios Sociales Penitenciarios del Ministerio de Justicia, revela que hay más de una veintena de asociaciones de vecinos, que se reparten por los cinco distritos de la capital, mientras que entre las organizaciones hay centros educativos como El Tagoror; Cruz Roja; Cáritas; el Banco de Alimentos; Residencia de Hermanas Desamparadas; Voluntarios de San Vicente Paúl o Médicos del Mundo.
Las entidades colaboradoras atienden a personas de su entorno, sobre las que se diseña un horario y una labor conforme a lo establecido tras un informe previo sobre las características personales, laborales, familiares.
A pesar de que el interés es recíproco con este tipo de medidas judiciales, hay colectivos que no ven tan factible su desarrollo, como el caso de la asociación de vecinos 17 de Marzo, del barrio de Ofra, que ha puesto de manifiesto su inquietud "por la falta de apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz para atender las necesidades que se derivan de este programa".
Luis González Lezcano, presidente de este colectivo vecinal, señala que la falta de ayuda económica "está generando que se desaproveche la labor de estas personas", que pueden repercutir sus multas de tráfico o faltas leves con una serie de horas en las que deben desempeñar algún trabajo con beneficio colectivo,
González Lezcano señaló que ante sus reclamaciones en la administración local, "para exigir materiales o herramientas con las que poder avanzar en obras y mejoras para el barrio, las concejalías se pasan la pelota de unas a otras y no conceden fondos".
A este colectivo de Ofra, que se incorporaron a este programa el pasado mes de abril, atiende al mes a una media de cinco personas de manera permanente, que deben cumplir, según el presidente, con una serie de servicios a la comunidad, como pueden ser pequeñas reformas, labores de limpieza o aspectos que beneficien a las instalaciones y sus actividades.
Lezcano señaló, que hasta ahora "las personas que se nos han derivado son profesionales como pintores, soldadores o albañiles, y estamos esperando a que nos den pintura o cualquier tipo de material para que desempeñen sus funciones, pues de lo contrario, se desaprovecha esas resoluciones".
La mayoría de las personas que cumplen en este barrio con sus horas de servicios a la comunidad son de la zona o de los núcleos del entorno, "pues preferiblemente se trata de gente sobre la que tenemos algún tipo de conocimiento".
En casos como los que se atienden en el barrio de Añaza, la asociación 8 de Marzo destina a los sancionados a la eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de jardines o elaborar un censo sobre el estado de los edificio. También se acomodan los horario para quienes tienen trabajo, de manera que se asigna a dos personas a la atención de discapacitados los domingos, cuando acuden a misa.
En la zona de Anaga, la asociación Siglo XXI adapta sus horarios a las necesidades de los penados, de manera que hagan el servicio a la comunidad, que de momento se centran en el barrio de Valleseco.
Desde su incorporación al programa ya han recibido a tres vecinos que han cumplido sus horas en beneficio de la comunidad.
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