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J.D.M., S/C de Tenerife
Aunque fuera anunciado a bombo y platillo en un pleno municipal, lo cierto es que el Ayuntamiento de Santa Cruz, a día de hoy, y según las fuentes consultadas por EL DÍA, todavía no ha firmado el convenio con el Ministerio del Interior, y más en concreto con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, para definir y regular los trabajos para la comunidad como redención de sanciones o condenas.
Este tipo de trabajos son muy frecuentes en otros países, sobre todo del ámbito anglosajón, pero al menos en Canarias hace muy poco tiempo que se han desarrollado en toda su amplitud.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se estima que hay unas 300 personas realizando actualmente este tipo de prestaciones, casi el 50% de ellas en el municipio de Santa Cruz que, curiosamente, carece de ese convenio que permitiera, por ejemplo, dotar con recursos a los colectivos receptores.
Son las ONG las que más reciben a quienes redimen sus condenas con la prestación social. En primer lugar, Cáritas Diocesana, y, posteriormente, Cruz Roja Española. Pero también colegios, clubes deportivos o las asociaciones de vecinos de Santa Cruz acogen a los penados, algo que no sucede con el propio Ayuntamiento capitalino en cuyas dependencias no figura nadie con este tipo de problema.
Los colectivos vecinales de la capital tinerfeña, donde a fecha de 30 de junio prestaban servicios sociales alguno de los 135 penados eran los siguientes: Los Aceviños, San Fernando Rey, Cueva Roja, Cuesta de Piedra, Santiago Apóstol, 17 de Marzo, 8 de Marzo, Las Palmitas, 26 de Mayo, Yanira de Ofra, Azorín, Los Candiles y Achamán.
La falta de un convenio podría causar problemas al no estar reguladas las zonas para que, por ejemplo, no coincidan maltratadores con sus víctimas.
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