Un recurso pone en peligro casas en Igueste que están a 100 metros del mar

JOSÉ LUIS LANGA, abogado de los vecinos./ m. pisaca

CRISTINA ÁLVAREZ, Tenerife

Las 45 familias que componen el núcleo de Igueste de San Andrés y que están afectadas por la Ley de Costas seguirán en vilo para saber si sus viviendas serán o no demolidas, ya que el abogado del Estado anunció ayer tras comparecer ante el TSJC que se iba a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley Canaria de Ordenación del Territorio, disposición decimotercera, donde se hace referencia a las áreas consideradas urbanas y a las rústicas.

De prosperar el recurso y la Sala del TSJC fallar a favor del Estado, las casas de Igueste de San Andrés serán demolidas, ya que el deslinde correspondiente, según el abogado del Estado, es de 100 metros.

A las 12:30 se celebró ayer una comparecencia celebrada en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para escuchar a las administraciones autonómicas implicadas (Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y Ministerio de Medio Ambiente) y el abogado de los vecinos afectados, José Luis Langa.

El abogado del Estado, tras concluir la comparecencia, dijo que "la ley canaria 7/2009 no es de aplicación. El reglamento de costas habla de 20 y 100 metros de deslinde dependiendo de los casos y en este caso entendemos que se debe aplicar los 100 metros que recoge la Ley 88. Ahora no es posible redefinir lo urbano hace 20 años con una ley para decir lo que era urbano y lo que era rústico. Los parámetros que había en el 88 son los válidos".

O rústico o urbano

El letrado del Estado además argumentó que "no se puede entender que una cosa sea rústica y urbana al mismo tiempo. La ley canaria los llama asentamientos rurales y luego los considera urbanas. La condición de ciudad, de urbano, no es atribuible a un asentamiento rural como Igueste y eso es lo que se cuestiona la Sala". José Luis Langa, abogado de los vecinos, a la entrada al órgano judicial, dijo que "todas las partes vamos a decir qué alcance tiene la Ley 7/2009". Langa defendió la idea de que "esta ley refuerza lo que la propia Ley de Costas, a través de una disposición transitoria, permitía: que el deslinde fuera de 20 metros siempre que estuviera consolidada esa área porque tiene todos los servicios como son agua, luz y electricidad, entre otros". El letrado apuntó que las viviendas están construidas desde hace más de cien años y el pleito hace dos años que se sigue en el TSJC, aunque hay un proceso paralelo en el Tribunal Supremo, ya que se solicitó en su día que se aplicara como medida cautelar se aplicara los 20 metros de deslinde. Si el TSJC dicta sentencia, la causa en el TS no tendría mayor trascendencia de ser favorable a los vecinos, aunque se podría recurrir. José Luis Langa confía en que "las últimas sentencias de la Audiencia Nacional y el hecho de que Canarias sea un Archipiélago donde estamos rodeados de agua por todas partes lleve un poco de sentido común al Ministerio de Medio Ambiente y aquí hay una realidad distinta a la Península, que es lo que tendría que haberse contemplado".

Langa comentó que "la Sala ha sido correcta y ha hecho reflexiones en voz alta, pero el letrado del Estado anunció el recurso de anticonstitucionalidad de la Ley Canaria 7/2009 y debemos esperar a que el TC se pronuncie. Lo que pido es que se aplique la ley y debemos centrarnos es la situación de 1988".

Los abogados de vecinos, ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias defendían a los afectados, mientras que sólo el del Estado pretende que se acepte el deslinde a 100 metros.