AGENCIAS, L'Aquila/Madrid
Las negociaciones para cerrar el modelo de financiación autonómica se han acelerado en las últimas horas principalmente con Cataluña, clave para culminar un proceso criticado por el PP, que ha denunciado el "oscurantismo" del Gobierno en la renovación del sistema.
El Ejecutivo reconoció ayer "notables avances" en las negociaciones después de que el pasado jueves las conversaciones entre la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, hicieran vislumbrar, por primera vez, la posibilidad de un acuerdo.
Las casillas de la cuadrícula del "sudoku" de la financiación van poco a poco rellenándose y parece que, tal y como ha asegurado el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo está "muy cerca".
La última oferta del Gobierno a Cataluña se cifra en más de 3.100 millones de euros a los tres años de entrar en vigor el nuevo modelo, incluyendo el coste de competencias singulares como la policía autonómica o la promoción de la lengua catalana.
El presidente de la Generalitat, José Montilla insistió ayer en que aún falta por cerrar algunos "flecos importantes" pero no pudo negar que el acuerdo está en su "recta final".
Desde el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, recalcó que "el acuerdo está al alcance de la mano" y aseguró que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se convocará la próxima semana, tal y como se había comprometido Zapatero.
El optimismo del Gobierno contrasta con las críticas que llegan desde la calle Génova y desde sus comunidades más poderosas.
El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, acusa al Gobierno de "oscurantismo" y señala que, a día de hoy, ninguna de las comunidades gobernadas por los populares conoce el modelo y únicamente tienen constancia de algunas cifras, pero no del montante global.
Mientras, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que su comunidad no aceptará un modelo que, aunque reconozca el aumento de población, conceda 1.800 euros por cada madrileño en lugar de los 2.100 actuales.
La Generalitat valenciana pide al menos 1.900 millones de euros si Cataluña logra 3.100, mientras que en Castilla y León denuncian que un catalán recibirá el triple que cualquier español.
Desde Galicia, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, augura que "todo parece indicar que el modelo va a ser un fracaso" y, por último, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, entiende que la única beneficiada será Cataluña.
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