EFE, Bruselas
Los veintisiete países de la UE aprobaron ayer por unanimidad el proyecto de presupuesto comunitario para 2010.
No obstante, el documento tiene un carácter preliminar en espera de la formación del nuevo Parlamento Europeo y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, pendiente de un segundo referéndum en Irlanda previsto para el 2 de octubre, según precisó el secretario de estado de finanzas sueco, Hans Lindblad.
En cualquier caso, este primer texto seguirá el procedimiento convencional, que prevé la aprobación en otoño por el Parlamento Europeo (PE) y, posteriormente, por los ministros de Economía y Finanzas en noviembre.
En su conjunto, el proyecto de presupuesto para 2010 asciende a 120.520 millones de euros en créditos de pago, cantidad que supone un incremento del 3,81% respecto al presupuesto de 2009 y, representa el 1,02% de la Renta Nacional Bruta de los Veintisiete.
Sin embargo, este aumento es inferior al anteproyecto de presupuesto que presentó la Comisión Europea (CE), que incluía un incremento del 5,36%.
Respecto a los créditos para compromisos (dinero que se presupuesta pero que no se desembolsa necesariamente dentro del ejercicio), el documento aprobado ayer incluye un montante total de 137.944 millones de euros.
Esta cantidad representa un incremento del 3,06% respecto al presupuesto del pasado año, pero es inferior a la propuesta del Ejecutivo comunitario (3,52%).
La partida más voluminosa (en créditos de pago) es agricultura, pesca y medioambiente, con 57.600 millones de euros y una subida del 9,54% respecto al pasado año.
Por su parte, la mayor caída (14,03%) corresponde a los fondos destinados a las Relaciones Exteriores de la Unión, en el que se invertirán 7.000 millones de euros.
En otro contexto, la Comisión Europea (CE) anunció ayer una contribución adicional de 72 millones de euros para el periodo 2009-2010 a proyectos prioritarios de la Unión por el Mediterráneo-Proceso de Barcelona (UPM), que se puso en marcha hace cerca de un año.
Esos programas se centrarán en la descontaminación del Mediterráneo, las autopistas marítimas y terrestres, las energías alternativas (en especial la solar), la enseñanza superior y la inversión en investigación y el apoyo a las empresas, según puntualizó la CE.
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