Alrededor de 300 farmacias cerrarán si se ejecuta la sentencia del Supremo

EL NÚMERO DE FARMACIAS ACTUAL, poco tiene que ver con el de 2001, pues ha crecido igual que la población./ m.p.

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

La preocupación va en ascenso entre el colectivo farmacéutico, puesto que la sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad del concurso de adjudicación de farmacias por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias debido a una cuestión de forma, podría suponer el cierre de todas las farmacias abiertas desde aquel momento.

"En Tenerife estarían afectadas 83 farmacias y en Gran Canaria un número similar y rondando las 300 si contamos las de el resto del Archipiélago", explicaba el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz al conocer la sentencia.

"De momento nosotros no vamos a valorar este fallo, puesto que esperaremos a que nuestros asesores jurídicos nos digan qué podemos hacer. Pero, en cualquier caso, lo importantes es lanzar un llamamiento a la calma y pedir paciencia a los profesionales", señala Schwartz.

Asimismo, el presidente explicó que "hay que tener en cuenta que volver al mapa farmacéutico del año 2001 puede ser terrible, puesto que muchos pueblos y barrios carecían de las facilidades que tienen hoy en día en lo que a la atención farmacéutica se refiere, porque el número de farmacias ha aumentado sensiblemente en los últimos años, entre otras cosas por el crecimiento de la población."

"Hay que pensar en lo que pueden estar pasando por la cabeza de muchos farmacéuticos que, tras hacerse con una adjudicación que consideraban legal y correcta, llevan ochos años disfrutándola sin ningún problema y que, probablemente hayan tenido que solicitar créditos o hipotecas para comprar el inmueble, tendrán trabajadores, etc. ¿Qué pasará si ahora se les dice que por un error esa adjudicación nunca le debió corresponder y que se ha de hacer una nueva? La situación puede ser dramática", explica Juan Carlos García Melián, el abogado del denunciante al que la justicia le ha dado la razón, que además señala "esto se podía haber evitado desde hace año, porque este pleito se ganó de forma muy clara de las primera instancia y ha sido igual en todas las demás hasta llegar al Supremo.

"Él no quiere perjudicar a ningún compañero, pero tampoco quería que se le perjudicase a él como se hizo con la elaboración de aquellas bases de baremación, así que es previsible que, si la Consejería acepta que la ejecución de esta sentencia es prácticamente imposible por lo que podría suponer, se alcance una acuerdo sobre una indemnización".

La Consejería no responde

Por otra parte, ayer varios farmacéuticos se pusieron en contacto con este periódico para interesarse por la información publicada, puesto que aseguraban que la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, ante la gravedad del hecho, había convocado de manera urgente a los presidentes de los colegios oficiales de médicos del Archipiélago para buscar una solución conjunta a la aplicación de la sentencia. Sin embargo, desde la propia consejería se ha negado este asunto y se apunta a que efectivamente sí que hay prevista una reunión para el próximo miércoles "pero no tienen nada que ver con este asunto y es posible que ni siquiera se trate nada que tenga que ver con este tema".

En este sentido, Sanidad recuerda que los servicios jurídicos están analizando la sentencia "para ver de qué forma se puede ejecutar" y que, de momento, "no hay ninguna novedad".