Estafan tres millones de euros en la venta de bonos de Titsa

MÁQUINA expendedora de bonos situada en la Terminal de Guaguas./ j. adán

EL DÍA, S/C de Tenerife

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife detuvieron a seis personas por un supuesto delito de falsedad en documento y estafa al haber vendido entre diversos comercios y kioscos de Santa Cruz de Tenerife y otros municipios de la isla bonos de guagua a precios inferiores a los legalmente permitidos por la compañía Titsa y con cuya venta fraudulenta se ha detectado un desfase en las cuentas de la compañía que asciende a más de tres millones de euros.

De los 6 detenidos, dos de ellos -un empleado de Titsa que trabajaba en mantenimiento de máquinas expendedoras de bonos y su esposa- se encuentran actualmente en prisión, desde el 3 de julio.

14 inmuebles y 7 coches

De los más de tres millones de euros, el matrimonio detenido, formado por L.M.D.R., de 52 años, y L.D.T., de 51, había destinado 1,6 millones de euros a comprar 14 propiedades, entre pisos, locales comerciales y siete vehículos que estaban a nombre de los dos.

El matrimonio cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario, lo que contrastaba con que L.M.D.R. era el único que trabajaba, pues su esposa se dedica a las labores del hogar. La única fuente de ingresos mensual era la del técnico de mantenimiento de máquinas expendedoras, que ascendía a 1.500 euros.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional también detuvieron a otras cuatro personas identificadas como J.C.V.G., de 37 años; S.P.G., de 48 años; y F.M.M.F., de 44 años, todos ellos de nacionalidad española, salvo J.J.L.L., 50 años, de nacionalidad colombiana, que fueron puestas en libertad tras una primera fase de investigación.

L.M.D.R. es trabajador de Titsa desde hace 34 años y desarrolla labores como encargado del mantenimiento de las máquinas expendedoras de bonos y que según fuentes cercanas a la investigación llegó a reconocer su intervención en los hechos, aunque sólo desde hacía unos cuatro o cinco meses.

El empleado de Titsa sólo reconoce haberse apropiado de entre 10.000 y 12.000 bonos en blanco y por importe cada uno de 12 euros. Luego él mismo se encargaba de activarlos. Sin embargo, resulta llamativo que en el registro domiciliario se encontraron en la vivienda del matrimonio 1.500 bonos en blanco y en un garaje 13.350.

Al parecer, en ocasiones el presunto autor, que llevaba realizando esta fraudulenta actividad desde hacía unos cuatro o cinco meses, hacía uso de una clave que pertenecía a otro compañero de trabajo de la empresa de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), dependiente del Cabildo tinerfeño, para poder activar los bonos en blanco. Su esposa, L.D.T., era la encargada presuntamente de distribuir grandes cantidades de bonos ya preparados para utilizar entre comercios y kioscos para su posterior puesta a la venta. Aunque el técnico dice que sólo comercializaba bonos por doce euros, se encontraron ticket que se vendían en el mercado a 12 y 30 euros y que les resultaban más rentables a los comerciantes.

Los presuntos cabecillas de la "operación Titsa", como la denomina la Policía, detuvieron al empleado en el Polígono Industrial de Güímar cuando se disponía a entregar a otro de los partícipes en la red una considerable cantidad de bonos manipulados. Seguidamente, se procedió a realizar una entrada y registro de la vivienda del matrimonio en el municipio de Arafo, donde se intervinieron más de 91.000 euros, destacando que el dinero se encontraba repartido por las distintas dependencias de la vivienda, aunque no excesivamente escondido. El secreto del sumario del caso recayó en el Juzgado de Instrucción número Dos, que incoó las diligencias previas 2136/09, las cuales fueron declaradas secretas hasta el miércoles, día en que se levantó el secreto.

El juzgado tomará declaración próximamente al resto de los acusados, lo que afecta a los cuatro kiosqueros, puesto que el matrimonio se encuentra en prisión y ahora el Juzgado de Instrucción número Dos debe culminar la fase de las diligencias previas. De las cuatro personas que fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad, una de ellas trabaja en un comercio del Sur y las otras tres en kioscos de la zona centro y de barrios de la capital tinerfeña, por lo que se presume que pueden formar parte de una red de distribución de dichos bonos, aún a sabiendas de que era ilícita dicha práctica.

Así se descubrió la trama

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a EL DÍA que el pasado 29 de mayo de 2009 el Cabildo presentó una denuncia como perjudicado, después de detectar un descuadre en sus cuentas. Según sus datos, la venta de bonos eran inferior a los utilizados por los usuarios, aunque desconocían cómo podía ocurrir dicha discordancia.

Seguidamente se dio cuenta al grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos, que comenzó a trabajar. Gracias a la colaboración de Titsa se logró resolver la trama de forma rápida y efectiva, aunque todavía no ha concluido toda la investigación, pero sí la principal.

El trabajo desarrollado por los policías nacionales sobre este caso se caracteriza por su complejidad, debido al volumen de la cuantía económica estafada por los implicados. De hecho se ha ordenado por parte del juzgado el bloqueo de sus cuentas bancarias y otras propiedades.

La compañía Titsa, en un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación, argumentó que "la supuesta irregularidad fue detectada por los sistemas de control internos de la compañía a los pocos meses de entrar en circulación estos bonos, después de lo cual la empresa de transportes abrió un proceso de investigación interno y externo con el fin de determinar el alcance de la presunta estafa y, dada la dimensión del problema, que podía afectar a varios municipios, se formuló la correspondiente denuncia en Fiscalía".

La compañía aclara que los bonos de guagua irregulares no afectaron a los usuarios de los mismos que, en todo momento, pudieron realizar las cancelaciones que habían abonado".

Las penas por presunta falsedad en documento oscilan entre uno y seis años y en cuanto al delito de estafa, hasta tres años para cada uno de ellos.

Las vías

Kioscos para distribuirlos

Los principales autores del hecho, un empleado de la compañía de Titsa y su esposa, entregaban grandes cantidades de bonos de guagua a comercios y kioscos de la capital tinerfeña así como Güímar, que posteriormente vendían más baratos que los "oficiales". De hecho, los bonos que se ofertaban por parte de los detenidos eran de 12 y 30 euros, aunque principalmente de 12. Estos se ofrecían a los kiosqueros a cambio de 10 euros y que el copartícipe del hecho delictivo vendía con una pequeña ganancia.

Los bonos eran auténticos, ya que el empleado tenía acceso directo a los mismos en blanco y utilizando un código de un compañero suyo. Los validaba para ponerlos a la venta con el registro del otro empleado ya que él no disponía de dicha autorización, pues se encargaba del mantenimiento de las máquinas expendedoras de dichos bonos. El empleado de Titsa tenía accesibilidad para validar esos bonos al sustraer gran cantidad de bonos en blanco y, aprovechando la facilidad que le daba su trabajo, los cargaba.

Esta fue una de las claves de la investigación: En la entrada y registro a la vivienda del matrimonio detenido se hallaron 1.500 bonos en blanco y en otra dependencia, concretamente en un garaje, tenían otros 13.350 en la misma situación. Se da la circunstancia de que un comercio de Güímar vendía dichos bonos sin autorización "oficial" y donde también se realizaron pesquisas por parte de los funcionarios del CNP actuantes en la investigación.