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C. ACOSTA/O.GLEZ,Tfe.
Los socialistas canarios dieron ayer una nueva vuelta de tuerca al denominado "caso Tebeto", al cifrar en seis millones de euros y no en 101, como ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la indemnización que debe abonar el Gobierno de Canarias a Rafael Bittini, propietario de Canteras de Cabo Verde S.A., por no haber podido explotar los recursos -piedra traquita- de Montañetas de Tebeto.
Así lo aseguró en Fuerteventura la diputada del PSC Francisca Luengo, quien remarcó que si se tomaran como referencia los parámetros de la montaña de La Molina, ubicada junto a Tebeto, los beneficios no superarían los 6,2 millones de euros.
La parlamentaria socialista aseguró que si el Gobierno de Canarias hiciera los sondeos correspondientes en Tebeto, "probablemente" se comprobaría que la explotación no sería rentable para la empresa de Bittini.
"Instamos al Gobierno a que se comprometa con los intereses generales y encargue los estudios técnicos y sondeos en Tebeto que no hizo Cabo Verde", dijo Luengo, quien añadió que "si los hace y se demuestra que Tebeto no vale ni mucho menos los 101 millones, el Ejecutivo tiene un serio problema ante los canarios, pero es la única forma de conseguir la nulidad de las actuaciones".
"Los 101 millones se pagan sólo por presentar documentos en la ventanilla", manifestó Luengo, quien sostuvo que "la concesión de la cantera de Tebeto es un timo a todos los majoreros y contra todos los canarios, porque no se puede autorizar una cantera cuando la actividad minera daña gravemente el medio ambiente y está expresamente prohibido por el ordenamiento municipal e insular".
La diputada del PSC denunció que el Gobierno canario no presentó "nunca" una pericial contradictoria -un contrainforme- sobre la cantidad que le pedía CCV S.A. por no poder explotar la cantera de Tebeto, y remarcó que el informe de los 101 millones presentado por Bittini "no concuerda" con el proyecto de explotación presentado en un principio.
Contra de la opinión de Luengo se mostraron tanto el Ejecutivo regional como el Grupo Parlamentario Popular, para quienes la estrategia desarrollada por el Gobierno que preside Paulino Rivero es la correcta. Fuentes de la Consejería de Presidencia sostuvieron que al no reconocer el derecho alegado por Bittini, el Gobierno no tenía por qué aportar la pericial contradictoria.
En la misma línea, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, señaló que la decisión de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma fue la adecuada y puntualizó que ahora es el Tribunal Supremo, quien conoce el caso en casación, quien tendrá que ratificar la sentencia del TSJC o rechazarla y determinará si procede la indemnización y en qué cuantía.
Para pronunciarse al respecto, continuó Pérez-Camacho, el Supremo no necesita la pericial contradictoria porque le basta con los argumentos jurídicos que estime oportunos sobre la validez del informe aportado por Bittini.
Apuntó que la sentencia recurrida deja claro que de no haberse producido las resoluciones de la Consejería de Industria socialista del 8 y 28 de enero de 1993, no habría "caso Tebeto". "Luengo era entonces secretaria general técnica en ese departamento y firmó ambas resoluciones, cuando su deber era informar de que no eran conforme a derecho", explicó.
La primera resolución le concedió el derecho de explotación de Tebeto a una empresa nueva sin derecho de investigación, cuando Bittini tenía el de investigación desde hacía años, que es previo al de explotación, "pero sin caducar el del empresario, la Consejería le otorgó el derecho de explotación a Canterías de Arucas", indicó.
Al darse cuenta del error, "el 28 de ese mes emitieron otra resolución que declaró caducado el derecho de Bittini y el empresario recurrió la decisión y así empieza el "caso Tebeto". Por todo esto, consideró que Luengo "intenta ahora lavar sus culpas y las de su equipo culpando al ex consejero Luis Soria".
Paulino Rivero, por su parte, insistió ayer en que peleará "hasta el último segundo" para no restar ni un solo euro de los objetivos prioritarios en los servicios sociales en el pago de los 101 millones de euros.
proceso
El Supremo tiene la última palabra
Al margen de la última providencia dictada el pasado día 1 de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que obliga al Gobierno canario a consignar los 101 millones de euros con los que debe indemnizar a Canteras de Cabo Verde S.A. por no haber podido explotar los recursos de Montañetas de Tebeto, el Ejecutivo regional confía en que el Tribunal Supremo (TS) tenga en cuenta los argumentos esgrimidos por la Administración regional y falle finalmente a favor del Gabinete que preside Paulino Rivero.
Como se recordará, el Gobierno regional recurrió en casación al Supremo, que todavía no se ha pronunciado al respecto, después de que en octubre del pasado año el TSJC fallara a favor de Canteras de Cabo Verde S.A. y condenara al Ejecutivo a pagar a la citada empresa algo más de 92 millones de euros por no haber podido extraer de la cantera de Tebeto la traquita para la que había adquirido los derechos. Este dinero, más los intereses generados hasta la fecha, suman los 101 millones a los que tiene que hacer frente ahora el Gobierno antes del próximo día 15 de julio, después de que el propio Bittini consiguiera que el banco británico Lloyds avalara esta cantidad.
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