Sanidad se expone a indemnizaciones millonarias por el concurso de farmacias

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS, Guillermo Schwartz, pide a los profesionales calma./ m. pisaca

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Las consecuencias que tendrá la sentencia del Tribunal Supremo que anula el concurso de adjudicación de farmacias llevado a cabo por el consejero de Sanidad en 2001 han hecho saltar todas las alarmas, puesto que, si bien para cumplir el fallo se debería hacer como que ese acto no existió y volver a la situación de aquel entonces, cuando el mapa de farmacias de Canarias era muy inferior al actual, ante la imposibilidad de ejecutarlo el Gobierno debería hacer frente a indemnizaciones millonarias.

De momento, la Consejería no valora la sentencia y espera a las recomendaciones de los asesores jurídicos.

Aunque en la actualidad el denunciante es sólo uno, cualquier otra persona que se considere afectada por aquel concurso podría hacer valer su derecho basándose en esta jurisprudencia.

Los hechos se remontan a 2001 cuando, tras conocer las bases de adjudicación creadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y más concretamente los criterios de baremación, uno de los farmacéuticos que optaban al concurso, al considerar que estaban orientadas a impedir su acceso, las lleva a los tribunales. Pese a que en primera instancia la justicia le dio la razón, el concurso siguió adelante tal y como fue convocado, puesto que la decisión se recurrió.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que, sin entrar en el fondo de la cuestión, es decir, sin valorar si el contenido de las bases era el adecuado o no, invalida el concurso por una cuestión de forma, pues no debía ser convocado por el consejero de Sanidad, sino por el Consejo de Gobierno.

Desde el despacho de abogados Munguía y Melián recuerdan que "a la comunidad autónoma sólo le quedan tres vías: acatar y ejecutar la sentencia, plantear algún tipo de recurso extraordinario o plantear que es una sentencia inejecutable, por lo que se tendría que compensar al denunciante con una indemnización".

Los letrados recuerdan que "si el Gobierno plantea ante los tribunales las inejecución se puede encontrar con que no se la acepten, tal y como ya sucedió con el caso de las expropiaciones de los inmuebles anexos al Parlamento de Canarias, así que lo lógico será que traten de llegar a un acuerdo antes de dos meses, fecha que establece el fallo".

En cualquier caso la compensación se prevé que será millonaria, puesto que el afectado se ha visto privado durante años de la posibilidad de regentar una farmacia.

Asimismo, cualquier otra persona que se considere afectada por esta decisión del Gobierno tomada en 2001 también podría reclamar una compensación basándose en esta sentencia.

Mantener la calma

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, Guillermo Schwartz, hizo un llamamiento a la calma. "Las sentencias hay que acatarlas, porque ese es el concepto de ley, no obstante, no parece viable que este fallo se ejecute, así que hemos puesto esto en conocimiento de nuestros asesores jurídicos para que nos informen de lo que podemos hacer", explicó, antes de añadir que en los años 90 hubo una sentencia similar y no se ejecutó.