CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El Parlamento de Canarias aprobó ayer, por unanimidad, una ambiciosa modificación de su Reglamento que busca mejorar su funcionamiento y hacerlo más expedito. Entre las novedades más importantes acordadas por la Cámara figuran un nuevo calendario de las sesiones ordinarias y la obligación de que los diputados declaren su patrimonio.
En relación al primer aspecto, a partir de septiembre el Parlamento contemplará dos períodos de sesiones de 120 días, tal y como ordena el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que irán de febrero a mayo y de septiembre a diciembre.
Con el cambio, el mes de descanso entre ambos periodos dejará de ser febrero, como venía ocurriendo, para pasar a ser enero. En cambio, agosto permanece como inhábil a todos los efectos.
En cuanto a junio y julio, el nuevo texto contempla de forma expresa la posibilidad de habilitarlos para la realización de actividades propias de sus órganos. Hasta ahora, también era posible emplear estos dos meses para adelantar trabajo, pero el nuevo procedimiento agiliza la tramitación.
Más control
Por otra parte, a partir de ahora los diputados autonómicos tendrán el deber de declarar sus bienes ante un notario o la propia Cámara regional.
La medida busca aportar "mayor transparencia y claridad" al funcionamiento de la Cámara, aspecto que va vinculado a una revisión más detallada sobre sus incompatibilidades con otras actividades y las exigencias a cubrir para sus nombramientos.
El portavoz adjunto del grupo del Partido Socialista Canario (PSC), Julio Cruz, anunció al inicio del debate sobre esta iniciativa la retirada de las enmiendas que su formación mantenía vivas con la finalidad declarada de favorecer el consenso.
La aprobación de la modificación del Reglamento, que fue por unanimidad, corroboró la postura del PSC, que fue celebrada por los otros dos grupos parlamentarios.
Los socialistas pretendían introducir una corrección para regular la reprobación de los consejeros autonómicos.
Al respecto, la portavoz adjunta de Coalición Canaria (CC), Marisa Zamora, recordó que el Consejo Consultivo de Canarias fijó postura al señalar que el procedimiento a seguir en estos casos es impulsar una moción consecuencia de una interpelación, en contra del criterio del PSC, que buscaba una vía específica para este asunto.
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