La Policía Canaria pierde facultades en inmigración y vigilancia costera

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

El Parlamento canario aprobó ayer, con los 32 votos de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP), una modificación que restringe, según los socialistas, las competencias incluidas en la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria hasta "vaciarla de contenido" en aspectos como el control de la inmigración irregular y la vigilancia costera, entre otros.

En cambio, los dos grupos de gobierno rechazaron la crítica al considerar que se trata sólo de una aclaración sobre la interpretación de la norma, que corría el riesgo de ser recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional de no producirse los cambios aprobados ayer, por lo que el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, José Miguel Ruano, se mostró seguro de que ahora ese peligro ya no existe.

Lo cierto es que el cambio acordado, que afecta a cinco artículos, contempla la supresión de un grupo de funciones que este cuerpo de seguridad canario debía prestar con "especial colaboración" tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional.

La restricción afecta también al control de explosivos y de material pirotécnico, la verificación del resguardo fiscal y la vigilancia, verificación y control de las empresas de seguridad privada radicadas en Canarias.

Ruano matizó que la eliminación de este artículo no impide que la Policía Canaria pueda realizar labores de estos tipos de forma puntual. En esta misma línea, la presidenta del grupo popular, María Australia Navarro, añadió que la modificación sólo "suprime la exigencia de colaboración" en esas materias.

Por su parte, la diputada nacionalista Flora Marrero también restó importancia al alcance de la supresión normativa al señalar que "no modifica de manera sustancial las funciones" de la Policía Canaria.

Pero tanto el diputado Francisco Hernández Spínola, quien ratificó que su grupo rechaza la totalidad de la norma al considerarla un "despilfarro" , como el diputado de esta misma formación, Juan Carlos Alemán, aseguraron que con esa alteración "la ley queda vacía de contenido".

Para el Partido Socialista Canario (PSC), se trata de una norma "sin sentido" que originará un alto coste en esta época de crisis.

La oposición considera que la seguridad "está garantizada" en el Archipiélago con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado presentes en las Islas.

Spínola apuntó que "la mayoría" de los canarios está de acuerdo en que el coste que origina la seguridad del Archipiélago descanse en los Presupuestos Generales del Estado, en vez de las cuentas autonómicas, y subrayó el aumento registrado en el número de funcionarios nacionales en las Islas en los últimos años.

Otra supresión aprobada al texto se refiere a la creación de grupos o secciones con personal específico para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial previstas en la propia norma.

Mientras que el Gobierno insiste en que este aspecto tampoco constituye una restricción relevante de las funciones de la Policía Canaria, Juan Carlos Alemán insistió en que sin ambas competencias "la facultad más importante que tendrán los funcionarios de ese cuerpo será vigilar las sedes del Ejecutivo y saludar a los consejeros".