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MÉNDEZ/GONAR, Tenerife
El alcalde santacrucero, Miguel Zerolo (CC), desautorizó ayer al líder del PP y primer teniente de alcalde, Ángel Llanos, al ordenar personalmente a los responsables de los negociados de Recursos Humanos y Tesorería la contratación de 22 trabajadores sociales y la transferencia de la cantidad precisa para pagar las ayudas pendientes desde hace casi dos meses.
El regidor municipal desbloqueó así la situación en la que se encontraba la Concejalía de Bienestar Social, área que dos meses después de la declaración de emergencia social, no ha hecho efectiva ni su ampliación de plantilla ni su mayor dotación presupuestaria.
Como ya adelantó EL DÍA, Zerolo citó a las 9:30 horas de ayer tanto al concejal de Economía y Hacienda, además de Recursos Humanos, como al titular de Bienestar Social, Ignacio González (CCN). El objetivo era desbloquear la situación del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), más allá de los reproches que se han intercambiado González Santiago y Llanos Castro. El primero acusó el sábado al responsable de las arcas de obstaculizar y boicotear la política social, llegando incluso a pedir al alcalde que cesara al líder popular o desbloquear la situación económica, llegando a lanzar un ultimátum: "O Llanos, o yo".
Por su parte, el primer teniente de alcalde negó su responsabilidad en asuntos referidos a la declaración de emergencia social y lanzó otro dardo envenenado a González Santiago, cuando dijo que había cesado al jefe de Servicios Sociales de Bienestar Social por el "mero hecho de no plegarse a los intereses del CCN".
A consecuencia de esa coacción que le atribuyó Llanos, el responsable de Bienestar Social anunció al alcalde el mismo domingo, tras leer la prensa, que interpondría una querella criminal por calumnias contra el edil de Hacienda.
Así las cosas, Miguel Zerolo se enfrentó en la mañana de ayer al reto de reunir en torno a la misma mesa a Llanos y González.
A la hora convenida, las 9:30 de la mañana, Ángel Llanos llamó por teléfono al alcalde y le pidió autorización para entrar por la puerta de atrás de su despacho y evitar así encontrarse con Ignacio González, quien esperaba la reunión con el regidor municipal en compañía del interventor y el secretario, precisaron participantes de este encuentro.
Al parecer, según los argumentos esgrimidos por el líder de los populares, los servicios jurídicos del PP le habían desaconsejado participar en una reunión junto con Ignacio González habida cuenta de que planea una querella criminal.
En el "bis a bis" entre Zerolo y Llanos, el alcalde le preguntó al concejal de Economía y Hacienda si ya se había procedido a la contratación de los 22 trabajadores sociales y si se había transferido el pago que estaba pendiente. Ante la negativa a las dos cuestiones, Miguel Zerolo, cuentan las fuentes consultadas, dio orden a los responsables de los departamentos afectados y dependientes de Llanos de que se procediera a desbloquear ambas situaciones. Durante la conversación, el alcalde también le preguntó sobre si había insinuado que Ignacio González había coaccionado a su jefe de Negociado, extremo que, pese a haberlo manifestado a EL DÍA, negó y dijo que el partido emitiría una nota de prensa para desmentir tal situación.
Después de la reunión de Zerolo con Llanos, el alcalde ordenó a los responsables de Recursos Humanos y Tesorería -que dependen del líder popular- desbloquear la situación de Bienestar Social, lo que ocurrió en presencia de González, el interventor y el tesorero.
La reunión entre los líderes de CC y PP, lejos de aminorar los ánimos de Llanos, no evitó que el primer teniente de alcalde comunicara a la Junta de Gobierno local que se celebró después su desencuentro con González. Y añadió que tanto el jefe de servicio de Bienestar Social como la funcionaria recientemente asignada al departamento, Candelaria Benítez, habían pedido abandonar el área.
El alcalde ha convocado para mañana la mesa del pacto de Santa Cruz. En ella, hará un repaso por los desencuentros y la suma de gotas que están colmando su paciencia, como el gasto de 100.000 euros en publicidad en los medios de comunicación con motivo del Orgullo Gay en plena emergencia social.
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