La plataforma vecinal pide la paralización cautelar del anillo

RAFAEL BARRETO, Icod

La plataforma ciudadana por una alternativa al anillo insular se ha dirigido al fiscal coordinador de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, adscrita a la Fiscalía General del Estado, para exponerle las presuntas "irregularidades" del proyecto del anillo insular y sobre la destrucción que se realiza sobre espacios naturales protegidos y otros ámbitos susceptibles de conservación.

El colectivo vecinal, que se opone a esta infraestructura, "aprecia indicios de prevaricación y falsedad en documento oficial por parte de las autoridades canarias al fraccionar el proyecto en varias fases, motivando una declaración de impacto medioambiental para cada trozo, cuando lo lógico e inteligible debía ser una declaración de impacto para el conjunto del proyecto, al tratarse de una única infraestructura".

Para los miembros de la plataforma por una alternativa al anillo insular, el hecho de que se esté trabajando muy rápidamente en la culminación del proyecto es prueba inequívoca de que los ejecutores quieren concluirla antes de que se dicte resolución contraria a sus intereses y luego aplicar la política de hechos consumados. Esta circunstancia ha sido una de las causas por las que ha reiterado su petición a la sala coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía, para que proceda a tramitar la paralización cautelar de las obras del trazado del cierre del anillo insular hasta que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean estos trabajos.

La plataforma ciudadana contra el anillo insular vuelve a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que rechace esta infraestructura viaria, pues las consecuencias de la ejecución de la misma serían irreversibles.

Esta organización vecinal reclama un ejercicio de "cordura a las administraciones públicas canarias para que desistan de la continuación de estas obras".

Valor natural

Los afectados por el trazado del anillo insular advierten del impacto sobre el medio ambiente en zonas tan sensibles como El Amparo y La Vega, en Icod de los Vinos, con recursos de gran valor etnográfico y por la existencia de fuentes y acuíferos que se podrían ver dañados de no actuarse convenientemente. Otra cuestión objeto de disputa y polémica se refiere a la demora en el pago de las indemnizaciones por la ocupación de los terrenos agrícolas o viviendas.