Santa Cruz de Tenerife, Europa Press El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, explicó hoy en rueda de prensa que en relación a la última providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Caso Tebeto, en la que obliga a al Ejecutivo a consignar 101.132.904 millones de euros en un plazo de quince días como consecuencia del conflicto judicial que mantiene con la empresa Canteras Cabo Verde, S.A., hoy se ha tramitado el recurso de súplica por parte de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma en donde se hace una doble petición, una subsidiaria de la otra.
Por una parte, se solicita a la Sala que anule la providencia por la cual se establece un plazo de 15 días para que la Comunidad Autónoma efectúe el ingreso correspondiente, y por otra parte, si no fuera admitida esta súplica, se solicita una ampliación a tres meses de ese plazo de 15 días por entenderse que ese debe ser el plazo en virtud de la Ley de Jurisdicción Contenciosa.
En cuanto a cómo se efectuaría el pago, Marrero explicó que tanto los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma como la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias están trabajando coordinadamente para ver todas las posibilidades que se puedan explorar para afrontar el pago, el cual está pendiente de un recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo (TS) ya que se trata de una ejecución provisional de una sentencia del TSJC.
En caso de que se confirmara la providencia del TSJC, el portavoz del Gobierno de Canarias señaló que la Comunidad Autónoma intentará del presupuesto en vigor "obtener la mayor cantidad posible siempre con el objetivo de que siguen siendo una prioridad para el Gobierno la sanidad, la educación y los servicios sociales", de manera que el Ejecutivo "en ningún caso va a alterar su agenda de prioridades en cuanto a servicios públicos esenciales".
En este sentido, apuntó que lo que está intentando llevar a cabo el Ejecutivo canario es "hacer ver a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que el mantenimiento de estos servicios para la población debe propiciar que la fórmula de pago no sea tan estricta ni tan contundente como se ha planteado hasta ahora en la providencia", que el Gobierno de Canarias considera "injusta".
IRREGULARIDADES
Preguntado por los defectos que el Gobierno canario ha encontrado en el aval presentado por el empresario Rafael Bittini, responsable de Canteras Cabo Verde, S.A. y parte demandante en el Caso 'Tebeto', Martín Marrero explicó que, tal y como se hace constar en la providencia del TSJC, la vigencia del aval comenzaría una vez consignada la cantidad a la que asciende la condena, la cual, el Gobierno de Canarias debe depositar en una cuenta tutelada por la Autoridad Judicial, y habría un cierto desfase entre la realización de ese depósito y la constitución del aval que ha presentado la entidad demandante. "Por tanto, se entiende que habría un riesgo impropio de cara a la Administración Pública tal y como está planteado ahora mismo", añadió el portavoz.
Por otro lado, incidió en que el aval, que asciende a 101 millones de euros, además de ser solidario debe ser de duración indefinida, "requisito que no cumple al aval aportado cuya duración está limitada a diez años", concluyó Marrero.
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