El Estatuto catalán, que rige desde su aprobación por referendo, cumplió tres años el mes pasado. Sin embargo, aún está en revisión por la Justicia que, previsiblemente, recortará un buen número de sus competencias. Tras reiterados rumores de que se daría a conocer el parecer del Tribunal Constitucional en ocasiones pasadas, los analistas se han referido muchas veces al temor que despierta tanto en el Ejecutivo central como en otras instancias las reacciones políticas, y sociales, que pueden desencadenar el anuncio de un recorte competencial, máxime cuando llevan tantos años aplicándose, sin mencionar el hecho de que son los propios socialistas quienes lideran el tripartito que compone el Gobierno regional. En junio, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, anunció la habilitación del órgano en agosto, lo que despertó suspicacias en Cataluña donde no descartan que el Tribunal dé a conocer su criterio "de tapadillo". Miguel Cabrera lamenta la demora del Tribunal Constitucional en emitir su pronunciamiento sobre la viabilidad de las competencias incluidas por el Parlament de Cataluña en su reforma estatutaria. "Ya esta bien", manifiesta. Además del evidente interés que despierta el asunto en su partido, que fue el que propuso el recurso de inconstitucionalidad contra la casi totalidad del nuevo Estatuto catalán ante esa instancia al considerar, como aseguraron la entonces secretaria de Política Autonómica del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, que se trataba de una "Constitución paralela", a Cabrera el asunto también le preocupa en clave canaria porque la tan esperada sentencia, que no termina de llegar, marcará el límite competencial al que puede aspirar el Archipiélago. Y mientras tanto, Canarias espera.
