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El Gobierno canario niega que el Consultivo haya emitido un dictamen negativo sobre la Ley de Participación Ciudadana

6/jul/09 20:47
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Santa Cruz de Tenerife, Europa Press El director general de Relaciones Internacionales y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez Fresno, explicó hoy en declaraciones a Europa Press que el dictamen del Consejo Consultivo respecto al anteproyecto de Ley de Fomento a la Participación Ciudadana no es negativo, y contempla dos conclusiones que se han tenido en cuenta para aprobarlo en Consejo de Gobierno y remitirlo al Parlamento de Canarias.

Según el responsable autonómico, el Consejo Consultivo acepta que es competencia del Ejecutivo canario legislar esta materia, pero considera necesario que el texto "precise" aspectos relacionados con los cabildos y los ayuntamientos, al entender que estas administraciones no son instituciones de la Comunidad Autónoma.

Martínez Fresno explicó que el Gobierno de Canarias ya ha adaptado el texto del Anteproyecto de Ley en función al dictamen del Consejo Consultivo que en ningún caso se refería a asuntos de calado, de ahí que fuese aprobado en su reunión del Consejo de Gobierno el pasado martes.

No obstante, entre las distintas recomendaciones que recoge el dictamen del Consejo Consultivo, se aconseja el uso de otra terminología a la hora de hablar de consultas populares, para lo que propone términos como el de "sondeos o encuestas". En este sentido, Martínez Fresno apuntó que el Consejo no dice que se suprima este artículo, sino que se cambie la denominación "para evitar confusiones", de ahí que se hable de "consultas a la ciudadanía" porque es "un instrumento más simple".

Preguntado por las declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, acerca de que el dictamen elaborado por el Consejo Consultivo pone de manifiesto un "estrepitoso rechazo" y que había sido "inusualmente duro" con el texto, el responsable autonómico señaló que el Gobierno de Canarias "no lo interpreta así", ya que el dictamen "no es ni muchísimo menos contrario al texto del Anteproyecto, sino que viene a decir en sus conclusiones una serie de valoraciones que hay que tener en cuenta sobre la regulación de las competencias de la Comunidad Autónoma respecto a ciertas materias, sobre todo, la que afecta a cabildos y ayuntamientos".

Asimismo, el portavoz socialista señaló que las consultas populares recogidas en el Anteproyecto de Ley podrían estar vinculadas al "pseudo soberanismo" defendido por una parte del Gobierno canario, a lo que Martínez Fresno respondió diciendo que "tampoco es cierto" ya que el texto, como su propio nombre indica, "habla de consultas a la ciudadanía que se ciñen a una serie de instrumentos de participación en formato de foros, sondeos, etcétera, es decir, encuestas que las administraciones locales pueden realizar para preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre determinados proyectos, ya sean urbanísticos, la remodelación y peatonalización de zonas urbanas, entre otros".

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A través de la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana, el Ejecutivo autonómico pretende la regulación de un derecho fundamental para toda la ciudadanía, con la finalidad de lograr una sociedad civil organizada y estructurada, que formule propuestas y colabore en su aplicación con las instituciones públicas de la Comunidad, según informó hoy el Ejecutivo canario en una nota.

Por ello, el principal objetivo de este nuevo texto legislativo, impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, es promover la participación, individual o colectiva, de los canarios y de aquellas personas que, con independencia de su nacionalidad, residan en la Comunidad Autónoma en los asuntos públicos, así como el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas y el impulso de hábitos participativos entre la ciudadanía.

El ámbito de aplicación de la futura Ley es la Administración Autonómica Canaria y sus organismos e instituciones dependientes, así como los Cabildos insulares y los Ayuntamientos en los términos que permita la legislación estatal y autonómica correspondiente.

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