Cabrera dice que la nueva Ley de Comercio canaria ya tiene el beneplácito de Bruselas

JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.

La nueva Ley de Comercio de Canarias "no va a tener ningún tipo de sanción" por parte de la Comisión Europea, ya que "cumple en todo momento" con la directiva de liberalización del mercado comunitario de los servicios. Así lo asegura el director general de Comercio del Gobierno autónomo, Arturo Cabrera, quien, en contra de la opinión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que considera que España recibirá sanciones por su transposición de la citada directiva, afirma que Canarias ya cuenta con el beneplácito de Bruselas.

"El texto que hemos presentado y trasladado a los agentes económicos y sociales está perfectamente respaldado por el Ministerio (de Industria, Turismo y Comercio) y, a priori, ya tiene un informe favorable, con lo cual no va a tener ningún tipo de sanción. Europa está perfectamente informada del trabajo que venimos realizando", afirmó Cabrera en declaraciones a EL DÍA. Argumentó que la transposición de la normativa comunitaria, que persigue la eliminación de las trabas al libre establecimiento de los espacios comerciales en los Estados miembros de la Unión Europea (UE), "es muy correcta, ya que sigue al pie de la letra la directiva y, sobre todo, inspira competencia a quien tiene que desarrollarla".

El aval ministerial, no obstante, ha sido puesto bajo sospecha por el informe de la CNC sobre la Ley de reforma de la ley de comercio minorista, que, aunque las comunidades tienen competencias sobre comercio, marca la pauta que regirá la adaptación a las exigencias europeas (se conoce como "Ley paraguas"). Actualmente se encuentra en trámite parlamentario y debe quedar perfilada, igual que la Ley canaria, este mismo año, dado que la liberalización entra en vigor el 1 de enero.

Además, la principal crítica de Competencia a la norma es que da continuidad a la licencia de apertura autonómica, que, por ejemplo, Canarias seguirá articulando en virtud de sus peculiaridades territoriales y medioambientales, cuya defensa permite la Comisión, más en las regiones ultraperiféricas como las Islas. Así lo defiende Cabrera: "Desde el primer día he dicho que vamos a ser muy rigurosos, pero hay una serie de excepciones en las que nos hemos basado para dotarnos de un equilibrio territorial entre los distintos formatos comerciales".

Reunión del Observatorio

Cabrera agrega que las sanciones -que algunos dan por hecha para comunidades como Cataluña o Baleares, que han elaborado leyes más restrictivas- quedarán para "quien no cumpla con los criterios y exija autorizaciones fuera del marco en que tiene que hacerlo". Cabe recordar que la directiva destierra los criterios económicos encaminados a proteger un determinado formato en detrimento del desarrollo de otro, de ahí que Cabrera subraye el carácter "territorial" de las limitaciones que impondrá Canarias.

Tras salir de los servicios jurídicos de la consejería del área, el anteproyecto isleño está en manos ahora del Consejo Económico y Social de Canarias, que, igual que el Consejo Consultivo, debe emitir su informe en unas dos semanas para que luego lo reciba el Consejo de Gobierno, que lo remitirá al Parlamento canario este mes o, como muy tarde, a principios de septiembre, según la previsión del director de Comercio.

Además, mañana se celebra la segunda reunión del Observatorio del Comercio de Canarias, en cuyo orden del día está que la consejería informe sobre la tramitación del anteproyecto. El periodo de alegaciones del sector comercial -que se prorrogó por dos veces, apuntó Cabrera- finalizó hace meses, con lo que las únicas modificaciones que se podrán incluir ahora, antes de que entre en el Parlamento, serán las de estos dos órganos, destacó la Asociación de Supermercados de Canarias, que ya advirtió de que la norma aún incluía, al menos en la última versión que se compartió con el sector, criterios económicos.

Por su parte, Coreco insiste en que en el documento elaborado por la Dirección General no se ha "exprimido" del todo la condición de RUP de Canarias para la protección de los formatos tradicionales. El responsable de sus servicios jurídicos, Carlos Ravelo, manifiesta sentir "envidia" de la actuación de Cataluña y Baleares, máxime cuando estas comunidades "tienen menos instrumentos que Canarias para defenderse".

Además, se muestra preocupado por que en el documento la concesión de licencias comerciales, a su entender, carece de criterios objetivos -lo que generará inseguridad jurídica-, se mantiene la modificación de los horarios de apertura y no se incluye una disposición transitoria que cubra el periodo entre la aprobación de la ley y de los planes territoriales, que serán el instrumento de planificación que definirá la instalación de establecimientos en cada isla. Éstos son tres de los elementos que la patronal solicitó que se retiraran del anteproyecto de Comercio.