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ANTONIO ALARCÓ *

¿Y la deuda sanitaria?

5/jul/09 01:38
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La Sanidad pública constituye un pilar fundamental en lo que hemos venido a denominar Estado del Bienestar, ya que de ella depende el normal desarrollo de la población y la mejora considerable de la calidad de vida de la ciudadanía en general. Estamos ya en el momento de reinventar el Estado del Bienestar sólo para mejorarlo, pero eso es motivo de otra reflexión en un próximo encuentro con ustedes. Y es que el Estado del Bienestar hay que cuidarlo porque si no se nos gripa.

Partiendo de esta premisa, cualquier desequilibrio en la financiación por parte del Sistema Nacional de Salud con cualquiera de los territorios que integran el Estado constituye no sólo un ejemplo de ineficacia en materia presupuestaria, sino también un ejercicio de insolidaridad manifiesta para con la ciudadanía, en tanto crea marcadas diferencias en el acceso y los recursos de la sanidad públicos ligándolos al territorio. El señor Zapatero hasta en la sanidad utiliza criterios ideológicos, diferenciando las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE de las que no. Es una irresponsabilidad manifiesta.

Canarias, por desgracia, es un ejemplo plausible de la ineficacia y la insolidaridad puestas en práctica por el Gobierno Central, al tener vigente una deuda cifrada en 1.200 millones de euros. Una deuda que pensábamos que Zapatero nos iba a decir cuándo se haría efectiva en la reunión que el pasado 29 de junio mantuvo en Canarias.

Y es que en relación a este último, en cuanto a la financiación del sistema sanitario, el Gobierno de Canarias ha solicitado en numerosas ocasiones un aumento de la financiación sanitaria en base a varias premisas: incremento de la población, coste de la insularidad, de la doble insularidad y coste derivado de la asistencia que se presta desde Canarias a pacientes desplazados, a la población turística e inmigrantes.

No obstante, y pese a este marco nada propicio, el Gobierno de Canarias, con la colaboración de todas las fuerzas políticas, ha puesto en marcha una ambiciosa reforma que cristalizará en la nueva Ley de Ordenación Sanitaria en Canarias. Ley que afrontará el necesario cambio en materia sanitaria que necesita el Archipiélago para mejorar la prestación de un servicio tan indispensable a la ciudadanía.

La realidad es que nuestro sistema sanitario público y universal necesita de esa inyección estatal de financiación para abordar el cambio sanitario que procederemos a llevar a cabo con la nueva Ley de Ordenación Sanitaria en Canarias, paliando así los déficits que aún existen en materia de infraestructuras sanitarias. Independientemente de que después se gestione por parte del Gobierno de Canarias dichos fondos.

La apuesta del Gobierno de Canarias y de todos los partidos políticos es clara: mejorar nuestros servicios a diario. Y esa apuesta debe incluir una postura de apoyo financiero por parte del Estado, gobierne quien gobierne en Madrid, para afrontar el reto de dar a cada canario, se encuentre en la isla que se encuentre, un servicio sanitario rápido, eficiente y seguro. Esto no puede ser algo graciable, sino una necesidad objetiva del sistema sanitario.

Es por ello que, ahora más que nunca, se haga necesario el reconocimiento de la deuda por parte del Ministerio de Sanidad y su posterior liquidación para que, de una manera más certera, podamos acometer una reforma del modelo sanitario en Canarias con las máximas garantías a todos los niveles.

Y es que el modelo vigente de financiación sanitaria ha manifestado varios problemas. Por un lado, la falta de adecuación de la distribución territorial de los recursos que aporta el sistema estatal, vía Fondo General del Bloque de Asistencia Sanitaria, a la población protegida de cada comunidad autónoma y de cada ejercicio.

La distribución territorial en estos momentos sigue respondiendo a la estructura poblacional del año 1999. Como es sabido, el crecimiento poblacional en España ha sido desigual entre comunidades autónomas y Canarias es una de las comunidades en las que más ha crecido la población.

En 1999, según el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2001, por el que se aprueba el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común, la población protegida de Canarias era de 1.588.391, mientras que en 2009 ya estamos en 2,2 millones de habitantes.

Por este motivo, el Partido Popular no está satisfecho de la reunión mantenida en Canarias en estos días. He tenido la ocasión de preguntar por esto en el Senado, y el ínclito ministro Bernat Soria, que falsificó su currículo como ministro, reconoció por escrito la deuda sanitaria de la que hemos hablado. Es cierto que en materia turística o de empleo se han dado pasos cercanos a los intereses que Canarias viene manifestando desde hace tiempo. Pero también es cierto que ni en materia de financiación sanitaria, ni en financiación económica, ni en cumplimiento del REF, tenemos muestra alguna por parte del Estado. Una lástima que Zapatero sólo anunciara para el futuro su estancia vacacional en Lanzarote. No sabemos si es bueno o malo que Zapatero vaya a Lanzarote a veranear, ya que en la última estancia suya se gastó 40 millones de pesetas en una cancha de baloncesto que no pudo utilizar por una lesión. ¿Será gafe? Esperemos que no se lleve 40 personas para sus servicios pagados por todos los españoles. Vaya por delante que le deseamos lo mejor.

Estaríamos muy orgullosos los que conocemos la isla conejera de que en ese mismo lugar se firmase la transferencia de esa deuda sanitaria con la que muchas realidades serían palpables y no seguirían guardadas en alguna gaveta esperando financiación, una financiación que todos los canarios nos merecemos.

* Senador del Partido Popular por la isla de Tenerife, vicepresidente del Cabildo y consejero de Sanidad y Universidad

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