"Decisiones políticas"

EL GOBIERNO socialista ha reaccionado rápidamente ante el escándalo de la presunta corrupción del director del CNI, Alberto Sáiz, quien, según informaciones periodísticas, usó abundantes recursos públicos del organismo que dirigía para satisfacer sus aficiones y sus gustos particulares. En el Consejo de Ministros del viernes se formalizó la aceptación de su dimisión y se le sustituyó por el general Félix Sanz Roldán. De este modo el Gobierno obtiene un doble beneficio: se libra del calvario que significa un goteo de filtraciones que, por todas las trazas, provienen de fuentes interiores del propio CNI expertas en dosificar las entregas con destino a la publicidad, y además devuelve la pelota al Partido Popular, atascado en su estrategia de defender a capa y espada a su tesorero Luis Bárcenas.

Garoña

Éste ha sido, digamos, el picante político de la semana, de importancia indudable, ciertamente; pero en estos últimos días han ocurrido otras cosas de fuste y alcance no menos importantes, entre las que ha destacado la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013, contra el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que le adjudicaba por lo menos un período de diez años, hasta 2019, de vida útil en condiciones de seguridad.

Desde que Rodríguez Zapatero anunció su voluntad de cerrar Santa María de Garoña cuanto antes, en todo el país se levantó un verdadero clamor contra este designio. No ha sido una escandalera al uso, sino la aparición en la palestra pública de expertos de todos los colores ideológicos, economistas de todas las escuelas, políticos de ideologías bien distintas, que han acudido a los medios, especializados o no, a tratar de explicar a la opinión pública y, sobre todo, al Gobierno -singularmente a su presidente, que en una entrevista televisada dio toda una lección magistral de ignorancia oceánica sobre esta cuestión-, por qué cerrar esa central eléctrica es un disparate, se mire por donde de mire: el cierre encarecerá la energía eléctrica, nos hará más dependientes de otros países, nos alejará de la línea emprendida por todos los países de nuestro entorno político y económico, y no estaremos más seguros mientras a nuestro alrededor sigan floreciendo las centrales nucleares.

Ante este alud de argumentos, razonamientos, reflexiones y llamadas a la cordura, la vicepresidente Fernández de la Vega, preguntada tras el Consejo de Ministros por el asunto, dio una respuesta sumamente esclarecedora de cómo funciona el Gobierno al que pertenece: la decisión del Gobierno del cierre es "política, definitiva e irreversible"; "no es imaginable que alguien piense que va a cambiar esa decisión (?) que se adopta en el marco de una política energética y de compromiso con los ciudadanos". Ni un solo argumento distinto a que se trata de una "decisión política", es decir, por las bravas, sin atender a otras razones que resulten comprensibles para la gente corriente.

Así funciona este Gobierno: si no puede explicar con argumentos una decisión puramente ideológica, se los inventa, como hizo Rodríguez Zapatero dando datos falsos sobre las centrales nucleares en su entrevista televisada; exactamente igual ha ocurrido con el anteproyecto de ley de aborto: en su preámbulo se trata de justificar la matanza de no nacidos como un derecho de las madres basándose en resoluciones internacionales y en acomodar nuestra legislación a las de nuestro entorno europeo. En el caso de las centrales nucleares, los embustes del presidente fueron literalmente destrozados antes de veinticuatro horas; en el de la ley de aborto ha sido el Consejo Fiscal el que, en su informe preceptivo (aunque no vinculante), ha puesto de manifiesto que ninguno de los dos pretendidos fundamentos responde en absoluto a la realidad: ni hay resoluciones internacionales que cumplir, ni es mayoritaria en Europa, ni mucho menos, una legislación parecida a la que se quiere promulgar.

Y cuando sucede que las explicaciones del Gobierno se revelan como puras patrañas, entonces aparece Fernández de la Vega a decir, sin que se le mueva un músculo de la cara, que se trata de una "decisión política", y sanseacabó.

"Orgullo gay"

Ayer sábado, Madrid fue el escenario de la carnavalada con que los lobbies homosexuales se pasean por las calles céntricas gracias a las abundantes subvenciones del Ayuntamiento. Esto se escribe cuando todavía no se ha celebrado la torpe mascarada a que esos grupos quieren tenernos acostumbrados. Es de esperar que no haya incidentes, y al día siguiente se conocerá el número aproximado de toneladas de basuras y desperdicios que este acto que me resisto a llamar cívico habrá producido.

No es el primer año que ocurre, pero esta vez posiblemente sea cuando se nos han ofrecido más claras manifestaciones de disconformidad por parte de otras organizaciones de homosexuales, que se niegan a ser representadas por semejante espectáculo de chocarrería, provocación y degradación ética y estética. No está de más destacar este hecho, porque una de las claves de la convivencia civilizada reside en saber distinguir entre las personas y sus comportamientos. En otras palabras, todas las personas merecen respeto, pero no así todos los comportamientos; y censurar una determinada conducta no tiene por qué ir emparejado con el maltrato a la persona que la observe. Es oportuno señalar esto, porque uno de los chantajes más habituales de los grupos de presión homosexuales consiste precisamente no en pedir respeto personal, sino en exigir que todos acepten como bien hecho lo que legítimamente se puede sostener en una sociedad libre que está mal hecho.

Posdata

La estadística del paro registrado en junio indica que ha descendido levemente. Sería una buena noticia si esa estadística, convenientemente maquillada, no ocultase más de medio millón de parados. Si se eliminan el efecto estacional y el maquillaje, resulta que ya hay en España más de cuatro millones de desempleados.