EUROPA PRESS, Madrid
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, aseguró ayer que la deuda histórica de 3.500 millones de euros que el Estado tiene con Canarias es algo de lo que el presidente de su partido, Mariano Rajoy, "está totalmente al tanto" y "sabe" que es algo "a lo que el Estado, más tarde o más temprano, tendrá que responder".
Soria explicó que esa cifra proviene "del conjunto de cantidades que el gobierno canario considera que el Estado adeuda en los últimos 5 años".
En Canarias, señaló, "la inversión media estatal está por debajo de la de media española y como quiera que hay una ley que dice que tenderá a equipararse la de las Islas al resto de la economía nacional, lógicamente aspiramos a que esto sea así", aseguró.
"Lo hemos cuantificado en los últimos cinco años y eso supone 1.700 millones de euros. Luego también reclamamos al Gobierno una parte de la recaudación del IGIC que se queda", explicó Soria.
Sobre la negociación de la financiación autonómica, Soria indicó que esto es "algo que seguirá en el ámbito de las negociaciones o conversaciones bilaterales" que tiene con la vicepresidenta Elena Salgado y "a nivel multilateral en el consejo de política fiscal y financiera".
En todo caso, remarcó que Canarias no tiene ni un dato o cifra final. "No tenemos un dato, no tenemos una cifra, por lo tanto no tenemos un pronunciamiento mientras no conozcamos qué es lo que el Gobierno expone sobre la mesa", remarcó.
Por otra parte, Soria se mostró partidario de una nueva edición de los Pactos de la Moncloa que incluya "reformas profundas" para salir cuanto antes de la crisis económica.
El también presidente del Partido Popular (PP) canario señaló que un acuerdo de ese tipo entre los partidos debería abarcar "no sólo aspectos macroeconómicos," sino también "auténticas reformas profundas que son necesarias" en la educación, la justicia o el funcionamiento de las administraciones y la financiación autonómica.
Además, Soria defendió la medida impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de bajar el sueldo un 2% a los altos cargos porque, aunque desde el punto de vista financiero "no tiene ningún impacto" cree que "sí" lo tiene "desde el punto de vista político" y considera que es un "ejemplo a seguir por parte de todas las comunidades".
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