La apertura en septiembre de la que será la primera y única residencia especializada en personas con trastornos graves de conducta de Canarias, lejos de suponer una buena noticia para los miembros de la Asociación de Familiares de Discapacitados Psíquicos (Afadis), ha agudizado todos sus temores, puesto que, en palabras de su presidenta, Paula Romero, "el Gobierno nos ha engañado y no va a cumplir con la promesa que nos hizo de que todos nuestros chicos entrarían".

En concreto, la presidenta de este colectivo recuerda que "hemos sido nosotros los que impulsamos que se construyera esta infraestructura e incluso hemos colaborado en que sea amueblado, pero ahora, sin embargo, nos encontramos con que donde dijeron digo, dicen Diego y de las promesas que nos hicieron no queda ni rastro y nos vamos a quedar fuera".

Por su parte, desde la Consejería de Bienestar Social de Gobierno de Canarias se recuerda que no se puede favorecer a una asociación para que se beneficie de un recurso público en detrimento del resto de personas, así que se analizará caso por caso, y se determinarán los beneficiarios en función de sus circunstancias. Aún así, parece que algunas de las personas pertenecientes a Afadis tendrán una plaza.

Asimismo, aseguran que será el Cabildo de Tenerife el que estudie todos los casos y el que, a través de un comité de técnicos, determine quién ocupa las plazas que le corresponderán a la isla de Tenerife.

El problema para Afadis radica en que de las 40 plazas residenciales con las que contará el nuevo centro, sólo 20 serán ocupadas por tinerfeños, y de ellas 15 están destinadas a los beneficiarios de un centro temporal ubicado en La Laguna, propiedad del Cabildo.

Y es que Romero insiste en que en las múltiples reuniones habidas con la directoral general de Servicios Sociales, Araceli Sánchez, siempre se les manifestó la intención de que los miembros de Afadis tendrían preferencia a la hora de ocupar un plaza en la residencia, por ser el colectivo representativo y que unifica a los afectados por esta enfermedad.

"Me siento un poco tonta por haber confiado en la palabra que nos dieron y no haber pedido que me lo pusieran por escrito, porque ahora lo que van a hacer es traer a gente que están en centros de la Península y llenar la residencia. Esos chicos, en muchos casos, han sido abandonados por su familias porque ya no podían más, y eso me hace pensar que parece que se trata mejor a los padres que no se interesan por sus hijos que a los que luchamos por ellos y tratamos de darles todo lo que está a nuestro alcance".

Las personas que sufren trastornos de conductas graves, con frecuencia se comportan de forma violenta y es complicado que mejoren en su comportamiento, incluso cuando forman parte de tratamientos psiquiátrico-educativos, de ahí que muchos padres, cuando llegan a una determinada edad en la que no pueden atender a sus hijos, renuncien a su tutela y ésta sea asumida por el Gobierno que, hasta ahora, los mandaba fuera de Canarias por no existir un centro especializado para su cuidado y atención.