El Gobierno debe depositar en quince días los 101 millones del "caso Tebeto"

MARTÍN MARRERO, portavoz del Gobierno canario, señala que el Ejecutivo ya estudia la decisión judicial./ m. pisaca

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hizo público ayer una providencia en la que da por acreditada la constitución de un aval por parte del responsable de la empresa Canteras de Cabo Verde, Rafael Bittini, y ordena al Gobierno autonómico a consignar en un plazo de 15 días los 101 millones a los que se refiere esa garantía.

Como se recordará, Canteras de Cabo Verde obtuvo hace un año una sentencia a su favor, también emitida por el TSJC y que ahora está recurrida ante el Tribunal Supremo por el Gobierno canario, por la que el Ejecutivo regional quedó obligado a indemnizar a esta sociedad mercantil con algo más de 92 millones de euros ante la negativa de la Administración a permitirle ejercitar lo que la empresa considera sus derechos mineros en las Montañetas de Tebeto, vecina a la de Tindaya, en Fuerteventura.

Pero los 92 millones han venido generando intereses, por lo que en la actualidad la indemnización completa ronda los 101 millones de euros por los que Bittini tramitó, y constituyó, el aval a través del Banco británico Lloyds. El aval era una exigencia del TSJC a Canteras de Cabo Verde para poder proceder a la ejecución provisional de la sentencia.

Recurso de súplica

Aparte de obligar al Gobierno canario a consignar, en concreto, 101.132.904 euros, la providencia del TSJC también advierte que contra esa resolución cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días, si bien su eventual interposición por parte del Ejecutivo regional no suspenderá la ejecución de lo acordado y ordena librar un oficio dirigido al Gobierno canario.

Al respecto, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, aclara que si bien la Administración necesitaba contar con la providencia para poder estudiar las acciones legales y de otro tipo que considere oportuno ejercer, también es cierto que el análisis no podrá prolongarse demasiado precisamente por el plazo de cinco días para decidir si conviene presentar el recurso de súplica al que hace alusión la providencia del TSJC.

Marrero señaló que la notificación oficial del recurso llegó al Ejecutivo regional ayer y que fue enviado de inmediato para su análisis a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.

"Ahora estudian cómo se debe acatar la decisión judicial en dos aspectos diferentes, que incluyen tanto la vertiente jurídica como la económica", explicó Marrero.

Este último estudio pretende establecer la línea de actuación del Gobierno canario "en caso de que haya que cumplir ese plazo establecido en el auto".

El portavoz oficial aclara que "aunque ya se había rumoreado la decisión del TSJC, el Ejecutivo tenía que esperar a su literalidad para estudiarlo" porque al afrontar su eventual pago, de 101 millones de euros, "que no es poco", las dificultades "son muchísimas, tal y como ya lo había alegado la Comunidad en el proceso", señala. Eso sí, añade, "intentaremos que las arcas publicas no se vean afectadas de esta manera y para eso habrá que combinar acción política con la económica".