Amenazan con huelga en Justicia si el Gobierno no aprueba el preacuerdo

LOS TRABAJADORES HICIERON PAROS DURANTE 2008 para pedir a Justicia mayor inversión en personal./ m. pisaca

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Si tal y como parece el Consejo de Gobierno que se celebrará el martes no aprueba formalmente el preacuerdo alcanzado el pasado 18 de diciembre por los sindicatos y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias sobre mejora de los registros civiles, los juzgados de violencia y reconocimiento del complemento específico a partir del enero de 2011, los sindicatos no sólo darán por extinto el mencionado documento sino que romperán las negociaciones con la Consejería de Justicia e incluso se planificarán jornadas de huelga, si las asambleas de trabajadores así lo aprueban, como protesta al incumplimiento reiterado de los avances alcanzados durante las mesas sectoriales por parte del Ejecutivo autonómico.

"No será por tiempo -explicaba el portavoz del sindicato CSI-CSIF en Justicia, Mario Social- porque desde diciembre hasta ahora ha habido multitud de ocasiones para formalizar a lo que nos comprometimos ambas partes en la mesa sectorial. Desde luego, si no se cumple, no hay explicación alguna que valga; lo que pensaremos es que es una tomadura más del Gobierno que aprueba cosas y luego no las ratifica ni las ejecuta".

Se desconoce el motivo por el cual el consejero canario de Justicia, José Miguel Ruano, no ha elevado al Consejo de Gobierno el mencionado acuerdo cuando han pasado más de seis meses de que fuera firmado por todas las partes, si bien los sindicatos desde el primer momento, y sospechando que pudiera haber alguna traba, ya anunciaron que serían pacientes hasta el 30 de junio y que se comprometerían a salvaguardar la paz social para no dar motivo alguno que pudiera retrasar aún más la entrada en vigor del compromiso, pero que si vencido ese plazo no se había formalizado, no sólo renunciarían al acuerdo y romperían las negociaciones, sino que incluso retomarían las reivindicaciones que hasta la fecha se han venido aplacando con el objetivo de no perjudicar si cabe aún más a la Administración de Justicia y a los propios ciudadanos "que son los que lo sufren en última instancia".

Cabe recordar que ya en 2008 los funcionarios y el personal interino de justicia llevaron a cabo algunos paros como medida de presión para que el Gobierno se comprometiera a aportar soluciones a los graves problemas de personal y de retribuciones que sufren los juzgados canarios.

En aquel momento, incluso los representantes sindicales y los trabajadores de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria -los de Tenerife mantenían un postura algo más conciliadora- abogaron por convocar una jornada de huelga que sirviera para demostrar que los trabajadores estaban dispuestos a llegar hasta el final. Sin embargo, y casi in extremis, con la vuelta al diálogo con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Dolores Alonso, y el compromiso por parte de ésta de que el Gobierno quería llegar a un acuerdo, se suspendió las movilizaciones con la esperanza de que zanjarían las discrepancias.

Y es que el principal problema que arrastran los juzgados es la falta de personal y el déficit salarial que la plantilla ya existente tiene en relación a otras comunidades.

En este sentido, todos los sindicatos -en esta cuestión hay una unidad sindical absoluta- han planteado al Gobierno la necesidad de que invierta más fondo y en estos aspectos y que priorice "de una vez por todas" la calidad de la Administración de Justicia.

Incumplimientos

Baste recordar que pese a que cuando se transfirieron las competencias por parte del Ministerio en materia de personal la Consejería de Justicia se comprometió a aumentar anualmente en un 5% la plantilla, esto no se ha hecho en los dos últimos años, además de que se carece de una Relación de Puestos de Trabajo.

Debido a la falta de recursos generalizada que arrastra históricamente la consejería y la crisis económica que se vislumbraba, el pasado 18 de diciembre los sindicatos aplazaron el cobro del complemento específico (una mejora salarial que les corresponde por ley y que nunca han percibido) hasta enero de 2011, "porque queremos que el Gobierno tenga tiempo de prepararse para hacer frente a este gasto y para ello estamos dispuestos a renunciar a un derecho que tenemos reconocido", ha explicado en multitud de ocasiones el portavoz de UGT en Justicia, Gregorio Pérez.

Sin embargo, precisamente el hecho de renunciar a unas retribuciones para acercar posturas con el Gobierno y que éste no cumpla con diligencia con lo que él mismo se comprometió, parece ser que puede ser la gota que colma el vaso de la paciencia de la plantilla de Justicia, y las movilizaciones se vislumbran irremediables.

Como ejemplo de esta situación, baste recordar que si el Consejo General del Poder Judicial señala que un Juzgado de lo Mercantil debe contar con un máximo de 350 casos, actualmente en Canarias alcanzan los 750".

La competencia en materia del personal corresponde a la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, si bien su titular, José Miguel Ruano, ha explicado en multitud de ocasiones que el problema no es la falta de personal sino la interinidad de éste y ha hecho un sinfín de llamamientos al Ministerio para que permita convocar las oposiciones necesarias para estabilizar la plantilla, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna.

Así, mientras tanto se funciona con un sistema de refuerzos temporales que son concedidos a los juzgados que mayor carga de trabajo soportan en relación a su plantilla durante el tiempo en el que se consiga rebajar este a unos límites más aceptables, aunque cuando se va el refuerzo suele suceder que el juzgado regresa a la situación anterior a la llegada de éste.