La Mesa reclama al Gobierno los 4.500 euros que le prometió

R.BARRETO, Pto. de la Cruz

La asociación La Mesa del Puerto de la Cruz ya atiende a 900 familias demandantes de ayuda social procedentes de 18 municipios de Tenerife, según ha revelado su secretaria, Ingrid Lüttgenau, lo que equivale a 2.800 personas, frente a las 775 y 2.225 usuarios registrados hace dos semanas. La situación adquiere tintes dramáticos y visos de desbordar la capacidad de acción de esta organización no gubernamental, que muestra con preocupación cómo los compromisos adquiridos por las administraciones locales hace meses se han quedado en palabras o buenas intenciones, mientras la gente reclama ayuda para comer o atender sus necesidades básicas, no sólo de la ciudad turística, sino de otros municipios de la Isla.

En el período comprendido entre el 24 de septiembre de 2008, fecha de apertura de La Mesa, hasta el 31 de mayo del presente año, han recibido ayuda 725 familias ó 2.038 personas. Del cómputo total 172 corresponden a unidades familiares (507 personas) de otros municipios, y 563 familias ó 1.531 personas residentes en el Puerto de la Cruz. Es decir, el 68%, mientras que el resto representa el 32%.

De acuerdo al perfil del demandante, 1.420 personas son adultas (de 18 a 80 años), mientras que 618 son niños (de 0 a 17 años).

La franja de mayor demanda de ayuda por edades oscila entre 40 y 59 años, con 611 personas, seguida de la comprendida entre 20 y 39 años, 600 personas. Unos 173 usuarios tienen edades comprendidas entre 60 y 80 años.

Los usuarios con edades comprendidas entre 0 y 6 años fueron 268; los de entre 7 y 12 años, 231; y 13 y 17, 119 personas.

La secretaria de la Asociación La Mesa, Ingrid Lüttgenau, señala que "hay gente necesitada que viene desde municipios alejados del Puerto de la Cruz, que hace cola desde la madrugada para recoger entre 20 y 25 kilos de víveres y luego retorna a sus hogares después de haber efectuado hasta cuatro horas de trayecto. Recibimos y asistimos a casi 3.000 personas y lo peor de todo esto es que desde principios del pasado mes de mayo los servicios sociales no los atienden y nos los remiten a La Mesa. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de los servicios sociales, de control de documentación, pero se da la circunstancia de que otros municipios nos los remiten sin informes".

"Los servicios sociales de los ayuntamientos -precisa- tienen la obligación de movilizarse contra el hambre; pueden enviar gente a La Mesa, pero no para tener menos trabajo. Si bien se afirma en los medios de comunicación que hay más dinero para asuntos sociales, nosotros no hemos visto nada. La Mesa necesita ayuda. Empezamos con 65 familias del Puerto en un local pequeño, somos objeto de críticas, pero no se preocupan de buscarnos un local más amplio, y nos vemos desbordados con 900, también de otros municipios. El Gobierno nos prometió 1.500 euros el año pasado y ahora los ha aumentado a 3.000, pero no se ha materializado ese compromiso".

Donaciones

La secretaria de La Mesa advierte de que las donaciones son insuficientes, lo que obliga a comprar alimentos. Cada día distribuye alimentos a 300 personas "y la comida no cae del cielo". La entidad tiene que pagar las facturas.

Ingrid Lüttgenau sostiene que "las administraciones tienen la obligación de ayudarnos contra el hambre, porque el hambre no puede esperar. La Mesa trabaja en la búsqueda de un coche especializado para el transporte de alimentos. La mitad de los víveres que se reparten son adquiridos".

Aclara, además, que si las administraciones aportaran 6,31 euros por familia al mes, se podrían reunir 5.779 euros y paliar las necesidades de los usuarios.