EL DÍA/AGENCIAS, Tenerife
El Ayuntamiento de La Laguna deberá readmitir a una de las vendedoras del Mercadillo del Agricultor del municipio a la que recientemente se le cerró su puesto. Así lo decide una sentencia del Juzgado Número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife tras el recurso presentado por el abogado de la formación política Alternativa Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila.
El auto judicial determina que la actuación del consistorio "estaría causando perjuicios de imposible o muy difícil reparación a la recurrente, fundamentalmente, atendiendo a que el puesto en el mercado del que dispone es su único medio de vida, del que provienen todos sus ingresos económicos para atender las necesidades de su familia, por lo que la ejecución del acto impugnado le causaría unos perjuicios muy importantes, al afectar directamente a su derecho al trabajo y a su medio de vida para atender las necesidades ordinarias de su familia".
Según Sí se Puede, "el reconocimiento de la injusta actuación municipal y la suspensión de la misma son otro varapalo jurídico para el ayuntamiento, que ha optado por la imposición de medidas de fuerza a unas agricultoras y vendedoras que, en algunos casos, llevan cuatro décadas desarrollando su trabajo en el Mercadillo de La Laguna".
Para Pedro Fernández Arcila, la sentencia demuestra que la máxima institución lagunera "actuó de mala fe y aplicando el rasero de la fuerza, cosa que no hace cuando se trata de los intereses de las grandes multinacionales y los empresarios poderosos, como es el caso de la sentencia de la Galería de Alcampo". El letrado y político añadió que espera que el ayuntamiento "no siga poniendo pegas a la incorporación inmediata de esta trabajadora a su puesto de trabajo".
Arcila también dijo que, en breve, se espera que salga otra sentencia similar que obligue también al Ayuntamiento lagunero a la reincorporación de la otra trabajadora despedida.
El gobierno local prefirió ayer no referirse a este fallo. Hasta ahora, ha justificado su actuación respecto a algunos vendedores por la supuesta venta de productos ajenos a su producción propia, extremo que desmienten los vendedores y los compañeros que se han solidarizado con ellos en diversas protestas durante los últimos meses. Este rechazo a la actuación del gobierno local se ha traducido en la apertura de entre seis y diez locales en diversos fines de semana que no mostraban ningún producto a la venta, mientras sus propietarios portaban camisas críticas por lo que entienden una persecución y una actitud hostil hacia el agro local.
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