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El Gobierno canario destina 13,4 millones de euros a la contratación de discapacitados

25/jun/09 11:45
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Santa Cruz de Tenerife, Europa Press El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, informó hoy en el Pleno del Parlamento autonómico que su Departamento ha destinado para el presente año 13,4 millones de euros para favorecer la inserción laboral de personas con alguna discapacidad, lo que supone un incremento del 3,4 por ciento con respecto al año 2008, por lo que, según el responsable autonómico, la Consejería "lejos de quedarse estancada, va aumentando estas ayudas pese a la crisis".

Estos 13,4 millones de euros están destinados a líneas específicas para personas discapacitadas que, además, se benefician de los 40 millones de euros en concepto de convenios con los ayuntamientos. Así, en concreto, en 2008 se beneficiaron un total de 1.655 personas de las distintas medidas que ha implementado el Servicio Canario de Empleo (SCE), entre ellas, la contratación en centros especiales de empleo, la obtención de un contrato indefinido, la obtención de ayudas para favorecer su inserción laboral, entre otras.

Jorge Rodríguez explicó, además, que las actuaciones "más destacadas" que se llevan a cabo para facilitar la inserción sociolaboral de personas con dificultades especiales son exigir el cumplimiento de medidas alternativas, fijar subvenciones por contrataciones indefinidas, ofrecer ayudas a centros especiales de empleo, y el fomento de la contratación de proyectos dirigidos. En este sentido, señaló que las personas con discapacidad tienen prioridad en todas aquellas líneas destinadas a la formación y a la inserción laboral puestas en marcha por el SCE, de manera que si se establece un ranking, estas personas ocupan el primer lugar, seguidas de las mujeres y, en tercer lugar, del colectivo de desempleados.

Asimismo, se ha creado recientemente la Comisión asesora de integración laboral a personas con dificultades especiales, "que ayuda a mejorar todas estas medidas que estamos implantando y a crear nuevas acciones para mejorar la situación laboral de personas con discapacidad". 

En cuanto a la situación de la reserva de empleo, es decir, la obligación que tienen las empresas de más de 50 trabajadores de reservar el 3 por ciento de la plantilla a personas con alguna discapacidad, Rodríguez explicó que "más del 60 por ciento" de las empresas canarias "cumplen con la reserva de empleo para personas con dificultades especiales, cuando la media española es del 15 por ciento, por lo que la Comunidad Autónoma está cuatro veces por encima". Según el consejero, "esto es producto de un plan de actuación reconocido por el Ministerio de Educación llevado a cabo por el SCE dirigido a promover la integración de personas con discapacidad y a informar a las empresas sobre este plan".

De igual forma, la normativa permite que queden exentas de esta obligación aquellas empresas que no encuentren personas para cubrir sus plazas, por lo que en estos casos están obligadas a ofrecer donaciones monetarias, de manera que en Canarias, el pasado año estas empresas destinaron 7,2 millones de euros a contratos con centros especiales de empleo y donaron 1,3 millones de euros, según indicó el responsable autonómico, que apuntó que en las islas existen 1.220 empresas que poseen centros de trabajo de más de 50 trabajadores.

Por otro lado, detalló que en Canarias hay un total de 60 centros especiales de empleo, 22 en la provincia oriental y 38 en la provincia occidental. La plantilla que trabaja en estos centros debe estar formada al 70 por ciento, y los trabajadores que presenten alguna discapacidad debe ser mayor del 33 por ciento sin perjuicio de que haya una parte de la plantilla sin minusvalía. Además, estos centros se financian mediante ayudas de la administración pública o por su propia actividad, y estas ayudas oscilan entre los 12.000 y los 9.000 euros.

Respecto a las ayudas a la contratación indefinida, la Consejería de Empleo destinó el pasado año 984.000 euros de los que se beneficiaron 284 personas con alguna discapacidad. En concreto, se destinan 3.927 euros por cada contrato que pase a ser indefinido. Igualmente, se destinaron 1,2 millones de euros a proyectos de inserción laboral de los que se beneficiaron 124 personas con minusvalías.

Por todo ello, Jorge Rodríguez concluyó que la situación en Canarias en cuanto al apoyo de las personas discapacitadas es "buena", aunque admitió que no pueden caer "en la autocomplasencia". "No nos conformamos con lo que hemos conseguido, por lo que vamos a seguir trabajando con los colectivos para seguir haciendo posible que estas personas puedan seguir adelante", recalcó el consejero. 

Por su parte, el grupo parlamentario socialista, a través de la diputada Carmen Acosta, recriminó la labor de la Consejería y quiso dejar claro que ésta "no ha sido suficiente porque hay muchas cosas que quedan por hacer". En este sentido, sostuvo que lo prioritario es que desaparezcan los obstáculos que impiden a las personas con minusvalía alcanzar la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral, al tiempo que lamentó que sean las empresas privadas las que más se impliquen y no la administración pública.

En esta misma línea, la diputada del PSC-PSOE aseguró que los talleres ocupacionales o centros especiales de empleo de los que habla la Consejería son "meros centros de día, que dificultan la inserción en el mundo laboral de las personas con discapacidad", y criticó que el Departamento autonómico "sólo haya destinado el 59 por ciento de su presupuesto a la integración laboral de estas personas", un porcentaje que, según la parlamentaria, "cada vez es menor". "Se ha trabajado poco y mal porque no se ejecuta el presupuesto y no se cumplen las normativas, que son las que garantizan los derechos de este colectivo", recalcó Acosta.

Mientras, el diputado nacionalista José Izquierdo incidió en que conseguir un puesto de trabajo a día de hoy es "complicado" y "más aún" en el caso de las personas discapacitadas. A este respecto, apuntó que en las islas un 7,13 por ciento de la población padece alguna minusvalía, lo que equivale a unas 450.000 personas, al tiempo que quiso resaltar que no todas las empresas canarias están "muy concienciadas" sobre lo que les ocurre a este colectivo y "ni siquiera" aprovechan las facilidades y subvenciones que la administración pública les ofrece en aquellos casos en los que contraten a personas que presenten alguna minusvalía.

Finalmente, subrayó la necesidad de adoptar soluciones para ello y de reflexionar sobre una situación de "un grupo de canarios que están pasando una situación muy difícil en estos momentos por el mero hecho de presentar alguna discapacidad", una línea que secundó el grupo parlamentario 'popular' a través del diputado Carlos Ester, que celebró la labor que está desarrollando la Consejería a este respecto, por lo que animó al consejero a seguir adelante con una política que permita seguir contribuyendo a la inserción socio laboral de este colectivo.

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