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CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El Gobierno de Canarias espera que el acuerdo que ayer suscribió con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), dotado con una ficha financiera de seis millones de euros, sirva para atender las necesidades básicas de 15.000 familias en estado de emergencia social.
Así lo expresó el presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero, tras la firma del convenio de colaboración entre la Consejería autonómica de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Fecam para el desarrollo de acciones de emergencia.
Rivero destacó que el convenio difiere del primer paquete de ayudas sociales que su Gobierno autorizó en octubre del año pasado para las familias en situación de emergencia, entre otros aspectos, porque en esta oportunidad los municipios tendrán la facultad directa de priorizar el uso que se dará a los recursos en cada caso.
Además, la dotación financiera de este convenio supera en dos millones al presupuesto que el Ejecutivo destinó en 2008 a esta misma finalidad, lo que supone un incremento del 50%.
"Con los cuatro millones de euros que tuvo la primera parte de las ayudas fue posible la atención de unas 9.000 familias necesitadas, si bien el dinero no pudo llegar a todos los municipios", explicó la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas. "Ahora, con seis millones y el acuerdo con la Fecam será posible llegar a los 88 municipios de las Islas", manifestó.
El presidente de la Fecam, Lázaro Brito, subrayó la "gran importancia" del documento y el "gran acierto" que supone para la atención de las familias "más necesitadas" tras destacar la "grave" situación por la que atraviesan los municipios canarios.
"La crisis afecta a las administraciones más cercanas a los ciudadanos", puntualizó Brito. "Somos conscientes de la situación familiar por la que atraviesan buena parte de los ciudadanos y por eso, estos recursos significan un desahogo para los ayuntamientos, que estamos en la primera línea de asistencia", acotó.
Con el convenio, se mostró confiado el presidente de la Fecam, los municipios podrán brindar prestaciones económicas dirigidas a cubrir los gastos sociales básicos, como los de alimentación, los servicios básicos y otros de emergencia en sentido amplio.
Rivero vinculó el convenio de colaboración con las medidas de emergencia social contempladas en el Pacto Social por la Economía y el Empleo, firmado recientemente entre la Administración regional, las dos principales patronales de las Islas y los dos sindicatos más representativos del Archipiélago.
El dinero del convenio, apuntó la consejera, "está prácticamente disponible desde ya" para los municipios, que lo recibirán según los criterios pactados entre ellos y luego lo justificarán a la Administración con la asignación en cada caso.
De esta manera, explicó la responsable del departamento, se busca aligerar la tramitación presupuestaria, por lo que los municipios recibirán estos recursos de forma más rápida que si tuvieran que presentar la lista de los solicitantes con anterioridad.
En el caso concreto del municipio de Santa Cruz de Tenerife, aclaró la consejera, el hecho de que esta corporación haya decretado la emergencia social afecta nada más a la forma de tramitar las ayudas. "Esa circunstacia sólo busca agilizar su concesión", explicó Rojas.
Santa Cruz de Tenerife recibirá, según lo acordado por la Fecam, casi 370.000 euros, lo que lo convierte en el segundo municipio por la cantidad asignada, detrás de Las Palmas de Gran Canaria, que rozará los 760.000 euros.
El criterio de reparto establecido, aclaró Brito, incluyó la distribución de un 20% de los fondos de manera lineal entre todos los municipios con un criterio de "solidaridad", otro 20% en función de la representatividad del paro en el ámbito municipal según el nivel de desempleo que sufre cada corporación respecto a su población activa y el 60% restante, de forma proporcional al número de parados en cada municipio con respecto a todos los desempleados registrados en el Archipiélago.
En la provincia occidental destacan las asignaciones a los municipios tinerfeños de La Laguna (267.000 euros), Arona (casi 150.000), Granadilla (cerca de 110.000), Los Realejos (unos 105.000) y La Orotova (alrededor de 100.000). Por detrás se sitúan los municipios de Los Llanos (63.200 euros), Santa Cruz de La Palma (56.000), El Paso (43.000), San Sebastián de La Gomera (37.500) y Frontera (30.500).
El convenio, que estará vigente hasta finales de año, supone la creación de una comisión de seguimiento que estará integrada por dos miembros en representación de cada una de las partes intervinientes y que serán designados por éstas. Las reuniones serán convocadas por cualquiera de ellas.
Llamamiento a las cajas
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, así como el presidente autonómico, abogan por que al convenio suscrito con los municipios se sumen más adelante tanto la Caja General de Ahorros de Canarias (Caja Canarias) como la Caja Insular de Ahorros de Canarias. La primera ya dispone de un programa de ayudas de emergencia social que está en marcha con un presupuesto de cuatro millones de euros, mientras que la Caja Insular implantará otra iniciativa de este tipo por dos millones de euros, por lo que si las cajas alcanzaran un acuerdo con el Gobierno y la Fecam, los recursos centralizados para esta finalidad alcanzarán los doce millones de euros. Paulino Rivero e Inés Rojas explicaron que la idea de sumar ambas cajas canarias a la iniciativa es fundir en una sola ayuda las dos posibles que ahora pueden tramitar las familias que están en situación de emergencia social bajo un solo criterio, en vez de los diferentes parámetros que siguen los municipios, por un lado, y las entidades de ahorro, por otro. Si los fondos de las dos entidades se suman a los aportados por la partida del Gobierno autonómico, los ciudadanos más afectados por la crisis sólo tendrán que acudir a los ayuntamientos, que decidirán en cada caso cómo distribuir estos recursos.
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