Plan Estatal de Inversión Local para Emergencia Social

HoY QUISIERA tratar con todos ustedes un asunto que tuve la enorme responsabilidad de defender en el Senado, pero que ha quedado olvidado por Zapatero en Madrid, a pesar de su importancia. Creemos que constituye una forma efectiva de ayudar la creación de este Plan Estatal de Inversión Local para ayudas de Emergencia Social, para paliar la situación por la que pasan numerosos ciudadanos y familias en nuestro país.

Las administraciones locales poseen mecanismos que posibilitan, de forma modesta, la lucha contra los problemas sociales (sobre todo ahora, cuando los recursos públicos han caído más de un 20%). Dichos instrumentos se suelen materializar en ayudas para situaciones de extrema necesidad y poseen como objeto brindar un apoyo puntual para salir de una situación de dificultad económica, pero no son, o no deben constituir, una ayuda prolongada en el tiempo generadora de dependencia.

Es la propia Constitución Española, la aprobada el 31 de octubre de 1978 y reformada el 22 de julio de 1992, en su Capítulo III sobre los principios rectores de la política social y económica, la que reconoce el deber de las administraciones públicas de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Es en esa primera dimensión donde las administraciones públicas hacen un esfuerzo relacionado con el objeto del citado plan estatal.

No obstante, a raíz del alarmante incremento del índice de desempleo en el último año, hemos observado un fenómeno que la mayoría de los informes internacionales establecen como variables correlacionadas y directamente responsables del llamado riesgo de exclusión social, es decir, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo dentro de las economías familiares.

Se entiende por exclusión social el fenómeno que expulsa de los mecanismos de la sociedad a determinados colectivos, que se acentúa en momentos como los actuales. Estos grupos tienen un papel predeterminado y las excepciones no confirman la regla.

No obstante, y con independencia de la teoría que arrojan muchos analistas, la situación es dramática. Detrás de las frías cifras se esconden verdaderos dramas sociales y rupturas de proyectos vitales que, además, una vez pasada la crisis, costará mucho recomponerlos. Nos estamos refiriendo a las más de cuatro millones de personas que están en situación de desempleo en nuestro país; al millón de familias en las que ninguno de sus miembros reciben ningún tipo de ingreso como consecuencia de la falta de empleo.

Estas son las causas correlacionadas de las que les hablaba al comienzo de nuestra intervención, la falta de liquidez lleva aparejada muchas cosas y no sólo las obvias, sino también el incremento de los niveles de morosidad, la marginalidad e, incluso, en las peores circunstancias, verse abocado a delinquir como consecuencia de la dramática situación por la que pasan nuestros ciudadanos.

En este negro panorama el Gobierno de Zapatero ha de tomar las riendas del asunto y es por lo que planteamos en el Senado la iniciativa para la puesta en marcha de un plan estatal de inversión local para ayuda de emergencia social con objeto de mitigar esta situación que hemos venido describiendo a lo largo de nuestra intervención.

Como es lógico, debemos no sólo describir la situación actual desde el prisma del drama social, sino también desde el punto de vista de las instituciones de las que hablábamos que tenían la obligación de mitigar el impacto de la crisis económica.

Las administraciones locales están al borde del colapso en materia de ayudas de emergencia social. Las hay que incluso están planteándose desde hace meses detraer dinero de otras partidas para poder afrontar el alarmante número de solicitudes de ayudas. Es pues apremiante la toma de decisiones con firmeza para paliar esta grave situación.

Cabe destacar, por ejemplo, Canarias, con un 68% de gasto social ejecutado en lo que va de año. Otro ejemplo que conocemos muy bien es el de Santa Cruz de Tenerife, que ha declarado el estado de emergencia social para agilizar el alarmante volumen de ayudas que se destinan a tal efecto.

Las administraciones no deben ni pueden infartar sus partidas presupuestarias para ayudas de emergencia social ni detraer presupuesto de otras. Debemos arbitrar la fórmula que logre afrontar esta grave crisis, que se extiende ya no sólo al plano del desempleo, sino también que compromete las arcas de nuestros ayuntamientos y cabildos.

La situación es tan dramática que informes externos, ya no referidos a cifras de gasto en prestaciones sociales, sino, por ejemplo, el VI Informe FOESSA declara que entre un 3% y un 4% de la estructura social del país está en situación de pobreza, siendo además entre un 2,6% y 4% la franja de la extrema pobreza. Una quinta parte de nuestros hogares está en situación de pobreza.

Ante este panorama, el Partido Popular en el Senado se vio en la necesidad de exhortar al Gobierno de la nación a activar un plan de emergencia social que sea capaz de complementar las ayudas que las administraciones locales han venido llevando a cabo a lo largo de estos años de cierta holgura económica. Iniciativa prorrogable y finita en el tiempo si las cosas cambian.

Dicho plan, como se vio reflejado en la moción, no es otra cosa que una iniciativa que no hace más que seguir en la línea de adelantarnos a los acontecimientos como medio efectivo para mitigar el impacto de la crisis económica de nuestro país.

Y decimos que seguimos en esa línea de adelantarnos, porque ya solicitamos en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión especial para el estudio de las nuevas formas de exclusión social que, finalmente, se aprobó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, una muestra más de la constante preocupación del Partido Popular por las políticas sociales en nuestra nación.

La verdadera lástima, queridos lectores, es que una vez más nos encontramos con un PSOE en Madrid que no atiende a las verdaderas necesidades de los españoles.

Es curioso cómo en otras instituciones como la Unión Europea se atienden las actuales necesidades en materia de paro españolas, dotando a España de fondos especiales para mejorar las cifras de desempleo, y el actual Gobierno de Zapatero, ante la situación de emergencia social, niega un fondo estatal de inversión local para ayudas de emergencia social que, desde luego, hubiera paliado la actual situación de crisis económica familiar, que es la verdadera cara de la crisis española.

* Senador del Partido Popular por la isla de Tenerife, vicepresidente del Cabildo de

Tenerife y consejero de Sanidad

y Universidad