El TSJC desestima el recurso contra la suspensión de la descatalogación de los sebadales

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por el Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria a través del Estado, así como la compañía Transportista de Gas Canarias y ha confirmado la suspensión cautelar sobre la descatalogación de los sebadales y, por ende, de las obras del puerto industrial de Granadilla (Tenerife).

Así lo ha informado hoy el TSJC en el auto en el que se confirma tal decisión dando la razón a la Asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción que presentó el recurso en contra de la descatalogación de los sebadales promovida por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y que fue presentada días antes de que comenzaran los trabajos en el puerto industrial que fueron paralizados el 3 de marzo después de que el TSJC ejerciera la tutela y procediese a la paralización cautelar de la mencionada descatalogación.

Entre los argumentos del tribunal se ha señalado que "frente al interés a la construcción del puerto de Granadilla, y a las consecuencias socioeconómicas derivadas de ello, debe prevalecer, a la vista de las circunstancias concurrentes, el interés a la defensa del ecosistema ante el peligro de un daño irreversible, no sólo a la especie, que es objeto de protección individualizadamente, sino al sebadal objeto de descatalogación" pues según la sala es una única unidad ambiental.

"Ese peligro de daño irreversible, de consumarse, en cuanto unido a la posible afectación de todo el sebadal, supondría un daño medioambiental de proporciones incalculables al fondo marino y, en definitiva del ecosistema marino", lo que en opinión de la sala legitima la suspensión cautelar.

La Sala ha argumentado, asimismo, que todos los recursos de súplica presentados incidían, "en la errónea ponderación de los intereses en conflicto al otorgar mayor valor a la protección de la especie - que, según dicen, no se encuentra amenazada en Canarias-- frente al interés socioeconómico que representa la construcción del puerto de Granadilla; en la ausencia de un 'fumus boni iuris' susceptible de ser tenido en cuenta en la posición de la federación ecologista que solicitó la medida; y en la ausencia de 'periculum in mora' o riesgo irreversible por la descatalogación para la especie o para el hábitat.

La Sala defiende que su determinación obedece a que los daños pueden ser irreversibles y por extensión a los hábitats de las islas "pues de ser ciertos los argumentos de la parte actora [Ben Magec-Ecologistas en Acción], que consideramos, a efectos cautelares, avalados por datos suficientes, el daño seria irreversible a la especie, al sebadal y, en definitiva, ecosistema dando preferencia a ese interés sobre el interés socioeconómico".

Exponen también que los informes técnico internos rechazan la descatalogación por motivos biológicos pero "ningún informe técnico interno sostiene la procedencia de la descatalogación por esas otras razones a que se refiere el informe, que propone, no la descatalogación, sino el cambio de la categoría de protección de 'sensible a la alteración de su hábitat' a la categoría de 'interés especial'".

"Es decir, lo que hace la Orden no es modificar la categoría de protección, como apuntaban los informes técnicos, sino proceder, directamente, a la descatalogación de una especie", se ha señalado en el auto, recordando que hay más de 300 alegaciones a las que se ha atendió no por ser opiniones privadas --como argumentaron los recurrentes-- sino porque "muchas de ellas están avaladas por datos científicos". 

"Es decir, las alegaciones no son tenidas en cuenta a efectos de desvirtuar los informes técnicos pues eso seria llegar a una conclusión de apariencia de buen derecho que exige mesura y prudencia, sino que esta Sala, en el proceso de examen de la posible irreversibilidad de los daños al ecosistema, puso de relieve la existencia y consistencia de las distintas alegaciones que figuran en el expediente incorporado como prueba de la pieza en la vista pública", se ha explicado en el auto que le aclara a las partes que este proceso de información pública es "decisivo" y les recuerda la "necesidad de tener en cuenta los contenidos".

La Sala "es consciente de la gravedad de los perjuicios económicos en la construcción del puerto, pero no es menos consciente que condicionar la tutela cautelar, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, a la exigencia de caución supondría 'de facto' su denegación, pues la caución tendría que ser de tal importe que haría inviable su prestación", ha zanjado el TSJC en el auto emitido hoy. LAS SÚPLICAS

El recurso de súplica de la Compañía Transporte de Gas se centró sobre todo en el daño económico y el retraso que supondría para la implantación de este tipo de energía en la isla con la paralización de las obras del puerto de Granadilla el estudio sobre la 'legalidad' o no de la descatalogación de los sebadales llevada a cabo por el Gobierno canario.

El Ejecutivo regional ha argumentado el interés socioeconómico del puerto y que este "es preferente al interés a la protección de una especie que no se encuentra en riesgo de amenaza y cuyo habitat tiene otro adecuado marco de protección". Asimismo cree que la Sala ha sobrevalorado las alegaciones presentadas, y que el Catálogo de Protección se ha modificado y no se contempla la protección de hábitats.

El abogado del Estado utiliza argumento similares a los de las entidades anteriores, pero desvela además que el retraso en el proyecto puede poner en riesgo la financiación del muelle industrial en Granadilla y podría llevar a que la instalación no se construya finalmente.

"La decisión de la Sala pone en una delicada situación a la Autoridad Portuaria pues, si se cumplen los plazos normales de tramitación de este procedimiento y finalmente no se da la razón a la actora (lo que entendemos, habida cuenta de lo dicho, no debería ser descartable sin mas en este momento) el Puerto de Granadilla carecería de la financiación precisa para poder reanudar las obras y posiblemente no pueda construirse finalmente", defendió el representante de la Autoridad Portuaria.