"Queremos la licencia para rehacer nuestras vidas"

PEDRO Y ESPERANZA, junto al nuevo proyecto ya redactado./ JESÚS ADÁN

J.D.M., S/C de Tenerife

Pedro Díaz y Esperanza González son los propietarios de la Casa Roja de Residencial Anaga, derribada por orden judicial hace ya casi tres años, que se cumplirán en septiembre. Hacen un llamamiento desesperado a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, a la que solicitan la entrega de la licencia de obra para intentar reconstruir en la parcela 67 de la calle Cornisa Cuarta "nuestra vivienda, según los parámetros legales vigentes, y con ella poder rehacer toda nuestra vida".

Pedro y Esperanza aclaran: "Recordamos a Urbanismo que este nuevo proyecto (se lo entregaron en septiembre del año pasado) ha sido elaborado durante dos años de trabajo por arquitectos de la propia Gerencia y revisado por tres profesionales particulares y algunos otros técnicos de la misma Gerencia. Todas estas fuentes confirman que el proyecto está cumpliendo con la legalidad y con todos los parámetros, sobradamente, además".

"Por lo tanto, concejala Luz Reverón, no deje más en el atasco este proyecto y concédanos la licencia pertinente para que podamos llevar a cabo la ejecución material del mismo", subraya el matrimonio, que ha sufrido un auténtico calvario personal durante estos tres años.

"Confiamos en que la legalidad vigente sea respetada en cuanto que existe un documento oficial expedido por esa Gerencia con fecha de mayo de 2006", añaden. Este documento fue respondido por un escrito firmado por una magistrada en el que se dice que "...se solicita una prórroga del plazo fijado en la autorización de entrada hasta el día 12 de mayo próximo (de 2006), a los efectos de que esta administración (la Gerencia de Urbanismo) pueda concluir el proyecto técnico que se está redactando con el fin de otorgar al señor Díaz Domínguez la correspondiente licencia de construcción antes de la fecha anteriormente indicada para que pueda reedificar su vivienda conforme a los parámetros urbanísticos dispuestos por el planeamiento.

"Humildemente, creemos que se está cometiendo un abuso de poder, puesto que hasta el momento la única respuesta recibida ha sido la del silencio", dicen Pedro y Esperanza.

Ahora mismo, el asunto de la Casa Roja está en varios ámbitos judiciales, además de que hace muy pocas fechas que el Diputado del Común admitió a trámite la queja del matrimonio afectado por el desalojo.

Por cierto, respecto al desalojo de septiembre de ese fatídico para ellos 2006, Pedro y Esperanza mantienen que fueron engañados y que nunca debieron salir voluntariamente de la que fuera su vivienda, fruto del esfuerzo de toda la vida, porque nunca existió una orden de lanzamiento judicial para ello. De cualquier manera, los hechos fueron consumados y ahora pedro y Esperanza viven en el barrio de La Salud de alquiler, aunque pagan los 1.200 euros de hipoteca por una casa que no existe sino en su recuerdo.