El ayuntamiento gastó 65.000 euros en el letrado que lo defendió de la banda de música

Á. MORALES, La Laguna

El concejal del PSC en el Ayuntamiento de La Laguna Javier Abreu denuncia el gasto municipal de 65.000 euros en la contratación de tres informes laborales elaborados por un abogado externo al consistorio con motivo del conflicto que enfrentó a los integrantes de la Banda de Música La Fe y a la corporación local. El gasto ha sido reconocido por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales el pasado 25 de mayo mediante una modificación presupuestaria (2/2009) que incorpora parte del remanente de crédito de tesorería de las cuentas de 2008. El edil socialista considera que este desembolso "sólo demuestra la mala gestión que hace el gobierno local del dinero público", ya que, a su juicio, las prestaciones y el trabajo realizado por este letrado lo podían haber ejecutado sin mayor problema "los muchos abogados con los que cuenta el ayuntamiento".

La cuantía responde a diversas facturas de 2008. Entre otros, y según la documentación que esgrime el PSC, se encuentra un gasto de 4.500 euros por la minuta tras las gestiones efectuadas en la Inspección de Trabajo para justificar la contratación de las bandas de música de Tejina y Valle Guerra, así como "numerosas reuniones con los letrados de los músicos para tratar los litigios, que culminaron en la redacción del documento del 6 de julio de 2007", acuerdo que solventó la disputa.

También consta una factura por un total de 10.839 euros por la "redacción de escritos de anuncio y formalización del recurso de suplicación interpuesto por el Organismo" y el escrito para ejercitar la opción concedida en la sentencia (del Tribunal Superior de Justicia de canarias), aparte de una incidencia de ejecución definitiva y comparecencia en el juzgado el 3 de julio de 2008. Otros 9.939 euros se debieron a la redacción de un escrito similar por el fallo, mientras que se repite la cifra de 10.839 euros por gestiones similares a las citadas primeramente.

La redacción de escritos del recurso de suplicación y de preparación e interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, así como el escrito de alegaciones en el trámite de inadmisión y de desistimiento supusieron un gasto de 13.252 euros. También consta un desembolso por otros estudios y gestiones de 7.076 euros, lo que hace la suma total de 65.000.

Abreu cree que todas estas gestiones y estudios los podían haber realizado, "sin ningún problema y sin gastos añadidos", los letrados que trabajan en el ayuntamiento. Además, recuerda que, a este desembolso, se tuvo que sumar lo pagado para el acuerdo final con los integrantes de la banda, que finalmente pasaron a formar parte de una asociación.

Los socialistas ya criticaron en su momento el recurso a un abogado exterior para llevar esta cuestión y, ahora, al conocer el gasto total, creen que se ha demostrado el error de una gestión que, según subraya Abreu, "sigue perjudicando a las arcas municipales y, por ende, a todos los vecinos".

El gobierno local (Coalición Canaria), a preguntas de EL DÍA, optó por no pronunciarse sobre estas críticas vertidas desde el principal grupo de la oposición en el Consistorio lagunero.