Memoria Histórica, dos varas de medir

EN EL MES de julio de 2006, cuando se cumplían 70 años del comienzo de la Guerra Civil, o sea, del 18 de julio de 1936, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en su búsqueda incansable de "ruidos" para terminar con la paz, la comprensión y el entendimiento que, tras la transición a la democracia que, durante el Gobierno de Adolfo Suárez, vivían todos los españoles, se inventó la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, la cual, además de no aportar absolutamente nada nuevo, porque son muchos y muy diversos los historiadores que han escrito hasta el último detalle sobre esa contienda en la que murieron cerca de un millón de personas, crea el peligro de hacer revivir unos recuerdos y unos odios que podrían terminar en nuevos enfrentamientos.

Como es lógico y se esperaba, varios historiadores contemporáneos rechazaron esta salida inoportuna e innecesaria del presidente socialista que, desde que llegó al Gobierno, hizo política irresponsablemente provocadora en orden a romper la convivencia, a la que, no sin esfuerzos y sacrificios, se pudo llegar. Uno de esos historiadores fue el doctor Enric Ucelay, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien consideró surrealista que los españoles sigamos obsesionados por esa guerra pese a los cambios socioeconómicos que están alterando la vida y actitudes humanas. "La cultura vivencial hispánica no mira a su alrededor", añadió el profesor Ucelay.

Por su parte, el historiador Santos Juliá rechazó el proyecto con la siguiente frase: "El final de la memoria última impuesta por los vencedores y la apertura de la nueva cultura política que propició la Constitución de 1978, para advertir de que si los hijos de vencedores y vencidos recusaron tan explícitamente la guerra, sería disparatado que los nietos reabrieran la herida". Añadió el profesor: "Es la memoria, como experiencia vital, distinta de lo que a uno le contaron o leyó en los libros". También el historiador Javier Rodrigo apuntó que "no es casual que, treinta años después de la muerte del General Franco, se estén estudiando aspectos particulares del terror de Estado ejercido en campos de concentración y de trabajo forzado". Pese a estos juicios de los citados y de otros historiadores, Rodríguez Zapatero siguió en su empeño y hoy lo que era poyecto es una ley por la que se excavan supuestas tumbas comunes para hallar los restos de personas supuestamente asesinadas durante la Guerra Civil, eso sí, por las fuerzas de Franco. No se dice nada de los asesinatos en masa de religiosos, entre ellos, cerca de un centenar de Hermanos de San Juan de Dios y de otras órdenes que, bajo el mando de Santiago Carrillo y otros miembros de la República, se llevaron a cabo en Paracuellos del Jarama y en otros muchos sitios. Aquí, en Tenerife, el Ayuntamiento de La Orotava se propone abrir una supuesta fosa común en Las Cañadas del Teide, donde se espera hallar restos de personas represaliadas el 18 de julio de 1936. Como puede apreciarse, la tal Ley de Zapatero tiene dos varas distintas de medir.