Los aspirantes a emigrar de forma clandestina desde África hasta Europa, a través de Canarias, no cejan en su intento, a pesar de las dificultades, de la crisis, de la veda de pesca en las costas africanas o de la vigilancia que mantiene la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), con la colaboración española, especialmente en Mauritania y Senegal.

Tal y como han señalado a EL DÍA observadores internacionales en los países subsaharianos más cercanos a Canarias, en Mauritania siguen visibles los grupos de personas que desean salir en cayuco hacia las Islas.

A este colectivo pertenecen tanto personas del propio país mauritano, como otras de los países limítrofes. De acuerdo a la legislación de Mauritania, los ciudadanos de otros estados pueden permanecer libremente en su territorio durante el tiempo que estimen oportuno, independientemente de que tengan trabajo o cuenten con recursos para sobrevivir.

Además, las mismas fuentes precisaron que en uno de los principales puertos del país están preparados tres cayucos, con los motores instalados a bordo, con la particularidad de que se sabe que han sido comprados en las Islas, según confirmaron las citadas fuentes, quienes explicaron que parece curioso que en España la policía no controle el transporte de estos motores, que se realiza en avión, embalados en cajas, con identificación concreta y se puede saber con certeza que van destinados a los cayucos africanos.

Para colmo, las fuerzas de seguridad del Estado español requisan los motores de las embarcaciones clandestinas que llegan a las costas canarias y ahí también pueden comprobar el origen de los motores, teniendo en cuenta la numeración de serie, entre otros datos.

No es una práctica nueva

Sin embargo, esta práctica no es nueva, sino que se lleva realizando más de diez años, puesto que los investigadores que analizaban la inmigración de las pateras, procedente de la costa marroquí, ya señalaron a las autoridades que algunos motores también se habían comprado en Canarias.

Este hecho llevó a la conclusión de que existen contactos en ambas orillas.

Desde el pasado 31 de marzo sólo se ha registrado la llegada de un cayuco a las Islas y lo hizo el pasado jueves a La Gomera.

El parón de la llegada de cayucos que se ha registrado en estos meses se debe a varias causas, pero los observadores coinciden en que seguirán en el tiempo.

No obstante, Europa sigue invirtiendo en la vigilancia de las costas africanas. En este sentido, cabe recordar que España contará durante los años 2009 y 2010 con una ayuda comunitaria de 90 millones de euros para las políticas de control de fronteras y de lucha contra la inmigración irregular, la mayor parte de ellos en medidas y programas con incidencia directa en Canarias.

Según confirmó el ministro de Interior del Gobierno de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, el total de financiación comunitaria para España hasta el año 2013 desde que se aprobaron los fondos hace dos años será de 356 millones del total de 1.820 que las instituciones europeas destinaron a esta materia.

Para los dos próximos años, la UE destina a España el 20 por ciento de su presupuesto en esta materia, siendo con diferencia el país más beneficiado de estas políticas. En estos meses, otros países mediterráneos como Italia o Grecia, están reclamando a la UE una ayuda similar, debido a que sus costas también son punto de llegada de embarcaciones clandestinas con inmigrantes.

El director de Frontex anunció recientemente que el gasto de sus operaciones en la zona frente a las costas canarias sería superior a los 12 millones del año 2008, aunque Alfredo Pérez Rubalcaba indicó que la inversión destinada a África se ha duplicado en dos años y ha pasado de 12 a 24 millones.

Interior destacó que toda esta inversión está obteniendo evidentes resultados en la contención de la presión migratoria de carácter clandestino desde África hacia Canarias.

Para poner de manifiesto estos resultados, el ministro del Interior recordó que durante el último año la colaboración entre España y los países de origen o tránsito de la inmigración ha permitido impedir la salida hacia Canarias de 8.024 inmigrantes, frente a los 5.613 del año anterior.

fuerteventura

El Estado exige los permisos

El Gobierno pidió ayer a las instituciones canarias ser "más comprensivas" para otorgar licencias para la construcción de centros de recogida de inmigrantes y ha subrayado la solidaridad del resto del territorio español para que las islas no tengan que sufrir esta "carga". Así respondió en la Comisión de Interior del Senado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a la pregunta de la parlamentaria del grupo "popular" Ana del Pilar Padilla sobre los objetivos que persigue el Gobierno con la ampliación del centro de retención de inmigrantes de la isla de Fuerteventura. La senadora criticó este proyecto al entender que ha disminuido la llegada de pateras, a lo que Camacho contestó que comprende que sea "probablemente molesto" para la isla, pero instó a reconocer la solidaridad del resto de España en esta materia. Precisó que los internos, una vez cumplen con el periodo establecido, "vuelven a la Península o a su país de origen" y en ningún caso se quedan en Fuerteventura. Tras constatar que las cifras de llegada de inmigrantes a Canarias en el último semestre son "buenas", señaló que son "muy pocos prácticamente ninguno", los que actualmente ocupan el centro.