Primero, la demolición

DA CUENTA este periódico, en su número del viernes último, de que la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Tenerife, doña Carmen Almendral Parra, presentó, con fecha 7 de mayo de 2009, en el Juzgado de Instrucción decano de La Laguna, una denuncia contra el Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados por un presunto delito de prevaricación tras observar la documentación que le presentó la Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco) el 3 de abril del citado año. La denuncia se refiere, concretamente, y lo cita, a un presunto delito contra la Administración pública previsto en el artículo 404 del Código Penal relativo a la prevaricación, que, como se sabe o debe saberse, significa actuar conscientemente de forma irregular. En definitiva, de lo que la fiscal acusa a la corporación municipal lagunera es de incumplir la sentencia que obliga al cierre de determinada galería comercial de la firma Alcampo, establecida dentro del término municipal de La Laguna.

Se informa de que, como dije anteriormente, la señora fiscal decidió actuar judicialmente contra la corporación municipal de La Laguna por la denuncia, adjuntando documentación que presentó Fedeco y denuncia en que se pedía que se cumpliera la resolución judicial, que tiene fecha de octubre de 2007. Esta resolución anula la licencia de obras concedida por el ayuntamiento en el año 2004, porque debía haberse contado con una licencia comercial específica del Gobierno de Canarias a la cual se oponía el Cabildo Insular de Tenerife, cuya opinión es vinculante.

El gobierno municipal lagunero decía desconocer la denuncia de la fiscal, el jueves 4 del presente mes, y sostiene que se están cumpliendo las resoluciones y los plazos. Fedeco, que ha logrado bloquear hasta enero próximo el establecimiento en Tenerife de los comercios de "descuento duro" y no ha tenido más remedio que cumplir la directiva de la Unión Europea respecto a la instalación de los mismos en nuestras islas, lucha incansablemente contra Alcampo y ha luchado contra todas las "grandes superficies" establecidas. Ahora insiste en el derribo de esa galería comercial de Alcampo que, al parecer, debe seguir el trágico camino de la demolición al estilo de lo que está aplicando Costas en nuestros litorales marítimos. Primero, la demolición y luego las palabras y las soluciones imposibles.

No estamos en este país, ni en ninguno, para destruir riqueza. Entiendo, al margen de los mecanismos judiciales, que en estos tiempos, cuando muchas familias no tienen qué comer y se ven obligadas a acudir a los comedores benéficos, que se destruya lo poco que nos resta para ir viviendo. En el caso de Alcampo, aparte de las pérdidas de la empresa, quedará bastante más gente en el paro porque mandan los intereses privados movidos por los que tienen dinero para comer, incluso para banquetes, y para vivir bien. La solución no está en las demoliciones y la destrucción de los pocos puestos de trabajo que nos quedan, sino en buscar, dentro de las leyes, las que favorecen en vez de las que castigan o sancionan.