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M. GÓMEZ, S/C de Tenerife
Si quedaba alguna duda sobre el descontento general que ha provocado la reforma de la Formación Profesional que prepara la Consejería de Educación para el próximo curso, ya ha quedado totalmente despejada. El Consejo Escolar de Canarias (CEC) -órgano de participación y asesoramiento que agrupa a organizaciones empresariales y sociales, administraciones, profesionales de la enseñanza y padres de alumnos- hizo público ayer su informe sobre este proceso que, entre otras consideraciones, recoge que se le tenían que haber consultado previamente los cambios en la oferta de FP, pues afectan a la planificación educativa.
"Este proyecto debe hacerse contando con la sociedad y no al margen de las instituciones y los sectores educativos y productivos", indicó el presidente del CEC, Orlando Suárez, en una comparecencia informativa en la que estuvo flanqueado por otros miembros de este organismo, que, aunque comparte los objetivos que busca la Consejería, se muestra disconforme con los procedimientos y los contenidos.
Lo que propone el Consejo puede interpretarse como una demanda para poner a cero el reloj de este proceso, ya que recomienda "que se retome la revisión de la oferta, que se produzcan los ajustes imprescindibles y que se continúe trabajando con vistas a los cambios futuros, informando sobre ellos y consensuándolos".
Más allá de las formas empleadas, el CEC entra en aspectos concretos de la reforma operada por el Gobierno y cree conveniente que, "ante la necesidad de suprimir ciclos formativos con pocos alumnos", éstos sean sustituidos por una nueva oferta "con la misma premura". Tampoco comparte la "urgencia" con que se están haciendo los cambios y critica la eliminación de ciclos con alumnado, "especialmente si no se ha informado a los sectores socioeducativos y a las instituciones".
En cuanto al criterio de empleabilidad, uno de los utilizados por Educación, el Consejo Escolar considera que debe explicitarse qué significado se le atribuye, "pues se corre el riesgo de que sea concebida de manera restringida" y que se asimile "sólo al número de contratos por cuenta ajena". Por lo que se refiere a la concentración de la oferta en los centros con certificación de calidad, recuerda que las Islas únicamente cuentan con 29, "un número limitadísimo en el contexto de Canarias".
El órgano de representación expresa su preocupación por "la viabilidad económica para el desarrollo del plan, ya que no se conocen las previsiones de financiación". En este sentido, el informe lamenta "la pérdida de peso del presupuesto educativo respecto al total de la Comunidad Autónoma".
También echa de menos el CEC un esfuerzo de orientación y comunicación sobre la FP, que "no se publicita ni adecuada ni suficientemente".
En resumen, el Consejo Escolar de Canarias invita a que "todos los sectores hablen" para definir el proceso y "graduar" los objetivos que se pretenden alcanzar con la reforma. Alberga cierto optimismo, dado que, como comentó Orlando Suárez, la consejera de Educación informó durante la última reunión del Consejo Canario de la Formación Profesional que se ha atendido un 25% de las alegaciones presentadas por los centros y que el proceso "aún no se ha cerrado".
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