Rojas asegura que en Canarias se ha atendido a más de 11.000 grandes dependientes o dependientes severos

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha asegurado hoy en una nota que en Canarias su Departamento está prestando servicios, prestaciones y ayudas económicas a más de 11.000 personas con gran dependencia o dependencia severa, de las que 8.002 están atendidas en el marco del Sistema Canario de la Dependencia, en el que la persona paga un máximo del 20 por ciento del servicio, mientras que en el marco de la Ley de Dependencia el usuario puede pagar hasta un máximo del 90 por ciento del servicio, según su capacidad económica, "uno de los motivos claves por el que muchas familias prefieren permanecer en el sistema antiguo y renuncian a ser valorados para incorporarse a la nueva ley".

Según Rojas, "la desinformación sobre la aplicación de la Ley de Dependencia está produciendo un gran desasosiego en el colectivo de personas dependientes, por lo que desde el Gobierno quiero dejar claro que no es cierto que aún no se haya evaluado ningún expediente de la Ley de Dependencia".

"Canarias ya atendía a las personas con dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia con un presupuesto que sólo por parte del Gobierno asciende a casi 90 millones de euros anuales, a los que hay que sumar el presupuesto destinado por los Cabildos Insulares", añadió.

En cuanto a el reparto presupuestario del Fondo Estatal que asciende a 12,9 millones de euros, según informó la Consejería se destinarán 2.535.000 euros a los cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria, 1.200.000 a Fuerteventura y Lanzarote, 1.151.874 a La Palma, 765.969 a La Gomera y 396.000 a El Hierro, el resto será para proyectos ejecutados directamente por el Gobierno.

El reparto se ha realizado conforme a los proyectos presentados por los Cabildos Insulares. El Gobierno ha realizado una modificación de crédito y aunque en el convenio firmado con el Estado se destinaban tan solo 1.314.728 euros a cada una de las islas capitalinas, el Consejo de Gobierno decidió elevar esas cuantías a los 2.535.000 euros citados ya que el convenio admitía esa modificación.

A fecha 15 de mayo, están percibiendo un servicio o una prestación 3.247 personas, declaradas como grandes dependientes o dependientes severos el marco de la Ley de Dependencia. De éstas, 2.156 son prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar o vinculadas al servicio de atención residencial, 477 son servicios de atención diurna y 614 servicios de atención residencial.

UNA LEY "SIN INFRAESTRUCTURAS"

La responsable autonómica hizo hincapié en que el Gobierno del Estado "ha reconocido el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, a través de su ministra de Sanidad y Política Social, que ha declarado que liderará personalmente esta ley", añadiendo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "dispuso, por primera vez, a finales del pasado año, presupuesto en materia de infraestructuras en materia de dependencia, después de dos años de entrada en vigor de la ley".

Sin embargo, Rojas dijo no estar de acuerdo con el reparto, "ya que en los criterios de valoración se prima la superficie a la insularidad, por lo que a Canarias tan sólo llegaron 12,9 millones de euros, mientras que la Comunidad Autónoma invierte sólo por parte del Gobierno casi 90 millones".

La consejera también quiso desmentir las acusaciones sobre reparto desequilibrado entre las islas, "ya que de estos 12,9 millones el 50 por ciento se ha destinado a mejorar las infraestructuras de las islas de Tenerife y Gran Canaria a partes iguales y según las necesidades expuestas por los cabildos insulares, y el otro 50 por ciento se ha repartido entre las islas no capitalinas y programas dirigidos directamente por el Gobierno".

Rojas consideró que es "inaudito que se juegue con la sensibilidad de las personas dependientes y sus familias con fines electoralistas y pidió que en políticas sociales debemos estar todos a una y buscar que los repartos presupuestarios estatales sean equitativos con Canarias"

INFORME DEL COMÚN

Según explicó el Departamento autonómico, "el diputado del Común recoge también en su informe la necesidad de mejorar el catálogo de servicios previsto en la ley, de los que cabe destacar el servicio de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal; Servicio de Teleasistencia; Servicio de Ayuda a domicilio; Servicio de Centro de Día y de Noche y servicio de atención residencial y advierte, que estos servicios tienen carácter preferente, frente a otras posibilidades que se regulan en los artículos 17 a 19, como son la prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y la prestación económica de asistencia personal".

"Primar las prestaciones económicas a los servicios pervierte la Ley, porque así no coadyuvamos a la mejoría en la autonomía personal de las personas dependientes" apuntó Rojas, para añadir que en Canarias "no hay, hasta la fecha, ningún servicio creado por el Estado, en el marco de la Ley de Dependencia, todos y cada uno de los 30.000 servicios de teleasistencia, prevención, ayuda a domicilio o centras de día o residenciales que se ofertan en Canarias, han sido creados y financiados con presupuesto de los canarios. De hecho esta consejería destina casi 90 millones de euros a su financiación y otro tanto las instituciones locales".

En los últimos cuatro años en Canarias se han abierto 22 centros sociosanitarios de personas mayores y están funcionando 126 para personas discapacitadas debidamente dotadas económicamente, con presupuesto exclusivamente autonómico.

Por último, Rojas insistió en que el "único servicio con el que el Estado se había comprometido con Canarias era la creación de dos centros de referencia, de los que no se ha vuelto a tener ninguna noticia; por lo tanto, el compromiso del Estado con el archipiélago para la puesta en marcha de infraestructuras para ofrecer servicios a las personas dependientes ha sido hasta la fecha absolutamente insuficiente".