Madrid, EFE Las ayudas económicas de las que se ha beneficiado España desde 1986 para ponerse al nivel del resto de países europeos comenzarán a tocar fondo en 2014, año en que entrará en vigor un nuevo presupuesto que volcará las contribuciones hacia los últimos socios en incorporarse a la UE.
España es el segundo país, por detrás de Polonia, que recibirá más fondos de cohesión -alrededor de 31.000 millones de euros- hasta 2013 y a partir de entonces, pasará al club de los estados 'ricos' de la UE, una vez que su nivel de renta y desarrollo se ha situado por encima de la media.
Todas las Comunidades Autónomas tienen ya índices de riqueza por encima del 75 por ciento de la media de la UE, el listón por debajo del cual se sitúan las regiones catalogadas como Objetivo de convergencia -antiguo Objetivo 1- con derecho a recibir fondos.
En 2005, superaron el umbral Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, y Extremadura ha sido la última en hacerlo con los datos económicos de 2008.
Hasta dentro de cuatro años y al igual que otros territorios como Canarias, Castilla y León, Asturias, Ceuta y Melilla, continuarán siendo receptores de los Fondos Estructurales y de Cohesión, los dos principales instrumentos de solidaridad financiera de la UE.
Los Fondos Estructurales engloban el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), dos siglas ya familiares en numerosos pueblos de España beneficiados por estas ayudas.
Su fin es fomentar la convergencia económica y social de las zonas rurales y urbanas más desfavorecidas y generar oportunidades de empleo.
El Fondo de Cohesión prima a los países con una riqueza inferior al 90 por ciento de la media comunitaria y está encaminado a mejorar las infraestructuras y proteger el medio ambiente.
Para que la pérdida de fondos no fuera tan brusca una vez tocado el techo de riqueza, España convenció en 2005 a los socios europeos para disponer las ayudas transitorias hasta 2013 en las tres categorías de objetivos: Convergencia, Competitividad regional y empleo y Cooperación territorial.
En el total de ayudas, se incluye una partida de 2.000 millones destinada al déficit tecnológico que aún arrastra España en comparación con países como Alemania o Francia.
Esta necesidad de modernización tecnológica es una de las bazas que el Gobierno pretende jugar para que España recibir más fondos de la UE a partir de 2014, al margen de los subsidios a la pesca y la agricultura.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado de diseñar la estrategia con vistas a la futura negociación, se considera justificada esta demanda si el propósito es que la UE "favorezca los esfuerzos de aquellos Estados que están apostando por integrarse en el grupo de países de referencia en el campo de la investigación y la innovación", como sería el caso de España.
Así lo argumenta la subdirectora general de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, Cristina Serrano, en un informe redactado para el Real Instituto Elcano sobre el próximo marco presupuestario (2014-2020).
Para Serrano, la UE debe potenciar además las ayudas a la inmigración y el cambio climático, dos parcelas que aportarían a España fondos con los que compensar los que va a dejar de ingresar.
Exteriores cree que no sería "equitativo" si España 'pagara' el coste de la ampliación hacia el Este del mismo modo que otros países con menos desequilibrios, por lo que reclama estirar las "medidas transitorias" y hacer "gradual" la pérdida de fondos de cohesión.
El PP comparte en su manifiesto electoral que el desempleo y la brecha tecnológica sean criterios a tener en cuenta en el reparto económico para que las regiones más retrasadas no se descuelguen.
Lo que achaca al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, es que "claudicara" ante la pérdida de la mitad de los fondos en 2005, lo que ha contribuido a que "la crisis en España sea más severa y duradera" que en otros países de la UE.
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